Antecedentes

En 1993, el relator especial de la entonces denominada Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Leandro Despouy, explicaba que no existía un organismo específico encargado de monitorear el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, facultado para proporcionarles una protección particular y responder ante su transgresión. Por ello, en el año 2000, en el marco de la Cumbre Mundial de ONG sobre la Discapacidad en Beijing, diversas organizaciones de la sociedad civil, tales como Inclusion International, Rehabilitación Internacional, Unión Mundial de Ciegos, Federación Mundial de Sordos, entre otras, expresaron la necesidad de que la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad requería de una convención internacional que legalmente obligara a las naciones.
 
De ese modo, a comienzos del presente siglo, la Asamblea General de la ONU apoyó una propuesta del Estado mexicano, y a través de la resolución 56/168 nombró un comité especial abierto a la participación de todos los Estados Miembros y observadores de las Naciones Unidas, para examinar propuestas relativas a una convención internacional, amplia e integral que promoviera y protegiera los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación.
 
Este comité especial presentó en 2006 un informe final acompañado de un proyecto de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el cual fue aprobado, entrando en vigor en nuestro país el 2 de mayo del 2008. La CDPD crea un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al cual los estados partes deben presentar un informe bianual exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir lo dispuesto en su texto y en sus protocolos facultativos, así como sobre los progresos alcanzados en la materia.
 
Contexto Actual
 
El Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, reveló que alrededor del 15% de la población en el planeta está constituida por personas con discapacidad y que este número seguirá creciendo, debido al incremento en la esperanza de vida, así como en los problemas crónicos de salud que agravan el riesgo de adquirir una deficiencia causante de discapacidad. Tal es el caso de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales ocasionados por el estrés, la violencia y otros factores que afectan la estructura psicológica de las y los mexicanos.
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de personas con discapacidad en el país equivale al 6% de la población, lo que representa alrededor de 7.2 millones. Sin embargo, es conveniente atender la recomendación que el Comité de Expertos sobre Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas ha hecho al Estado mexicano sobre la necesidad urgente de sistematizar la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos al respecto.

Es de suma importancia que, en las encuestas realizadas, se tome en cuenta la CDPD, que considera esta condición como una realidad que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
 
Lo anterior se hace necesario puesto que, al no contar con una adecuada comprensión del concepto de discapacidad, resulta difícil tener certeza sobre el número exacto de personas con tal condición y su localización, así como de las barreras que enfrentan, lo que impide la eficaz formulación e implementación de políticas públicas incluyentes. Ello se hace manifiesto al observar importantes discrepancias estadísticas entre las estimaciones mundiales, regionales y locales.

La diversidad de circunstancias políticas, económicas y sociales presentes en el país, se traduce en efectos diferenciados para la población con discapacidad. Por ello, resulta fundamental conocer la distribución geográfica de este sector de la población en el territorio nacional, con la finalidad de tener un panorama sobre el posible impacto de las diferencias demográficas, socioeconómicas, epidemiológicas y sanitarias en materia de discapacidad y así propiciar la intervención focalizada de acciones para lograr una mayor inclusión.
 
La concentración o dispersión poblacional determina el acceso a los servicios y, con frecuencia, a mejores condiciones de vida, por lo cual, vivir en zonas rurales plantea desafíos específicos para el acceso de las personas con discapacidad, a diversos derechos planteados en la CDPD, tales como la salud, la habilitación y rehabilitación, la educación, la formación profesional, la inclusión laboral, la movilidad, el igual reconocimiento ante la ley, el acceso a la justicia, la libertad de desplazamiento, el acceso a la información, entre otros.
 
Cabe destacar que según el INEGI, en 2014 la mitad de la población con discapacidad del país se concentraba en siete entidades federativas: Estado de México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4%); mientras que, respecto a la distribución porcentual de la población con discapacidad por grupo de edad, la mayoría son personas mayores, lo que muestra una relación entre el aumento en la esperanza de vida y el proceso de envejecimiento demográfico.
 
En el mismo año, el INEGI también reveló que del total de la población con discapacidad, el 64.1% presentó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas; el 58.4% reportó grave o severa dificultad para ver; el 38.8% tenía dificultad para aprender, recordar o concentrarse; el 33.5% una deficiencia para escuchar; el 33% para moverse o usar sus brazos o manos; el 23.7% tenía dificultad para bañarse, vestirse o comer; el 19.6% tenía problemas emocionales o mentales, y el 18% lo conformaban las personas con dificultades para hablar o comunicarse. Es de resaltar que una persona puede tener dificultad para hacer más de una actividad, es decir, tener más de un tipo de deficiencia, por ello, la cantidad de las diversas dificultades registradas es mayor que el número de personas con discapacidad.
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en el 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, reportó que del total de las personas encuestadas, el 12.5% no estaría dispuesta a vivir con personas con discapacidad; el 34.6% estaba en desacuerdo con dar trabajo a una persona con discapacidad y el 34% creía que no se respetan los derechos de ese sector de la población. Por su parte, el 90% de las personas con discapacidad dijeron haber sido discriminadas y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados.
 
La ENADID 2014 reveló que en materia de educación sólo el 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asiste a la escuela, teniendo una mayor presencia en el nivel primario, mientras que en materia laboral, la tasa de participación económica de la población mayor de 15 años en esta condición es del 39.1%, 25.6 puntos porcentuales por debajo de la participación correspondiente a la población sin discapacidad. Dichas circunstancias se agravan en el caso de la población con discapacidad perteneciente a los pueblos originarios, que de acuerdo con el INEGI es del 7.1 %.
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2014, del total de la población que vive con discapacidad para ver, 56.2% no usa lentes y 43.8% sí lo hace. El análisis por sexo muestra que son más las mujeres (45%) que usan anteojos comparado con los hombres (42%). Sin embargo, representa un reto poder cubrir las necesidades de ayuda para las personas para quienes es necesaria, ya que más de la mitad de la población con discapacidad para ver no usa algún tipo de ayuda, lo cual puede deberse a que la magnitud de su deficiencia no lo haga candidato a usarla, o bien, que no tiene acceso a ellas, por problemas de cobertura o distancia para adquirirlas. También mostró que sólo una de cada diez personas con discapacidad para escuchar usa algún tipo de aparato auditivo; que de cada diez personas con discapacidad para caminar o subir escaleras, ocho usan algún tipo de ayuda técnica y dos no lo hacen, los varones superan en uso de este tipo de ayudas a las mujeres; así como que el 17.7% de personas con discapacidad para caminar o subir escaleras reciben la ayuda de alguien más para poder desplazarse de un lugar a otro, ya sea dentro de la vivienda o fuera de ella, lo que puede implicar la contratación de cuidador que realice esta tarea o que sea asumida por algún familiar, lo que de cualquier manera impacta en la familia.
 
Frecuentemente, las personas con discapacidad han sido excluidas de una participación activa en la sociedad, y a la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera, equivocadamente, que no pueden llevar a cabo las mismas actividades, en igualdad de condiciones que el resto de las personas.
 
Culturalmente se han construido ideas que colocan a ese sector en condiciones de mayor vulnerabilidad, al enfrentarse a barreras físicas, institucionales, de información, de actitud y de comunicación, impuestas por la sociedad.
 
Por otro lado, las políticas públicas relativas a la atención de las personas con discapacidad en México, no sólo son insuficientes, también carecen de una perspectiva de inclusión que genera rezagos sociales e impide el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, así como su participación efectiva y equitativa en la sociedad, lo cual, se traduce en la vulneración de sus derechos humanos.
 
Lo anterior, a pesar de la existencia de un marco normativo protector de los derechos humanos de este grupo de atención prioritaria en el que destacan la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus homólogas en las 32 entidades federativas.
 
No obstante, es de resaltar que la creación y operación de instituciones u organismos especializados en la protección e inclusión de las personas con discapacidad, aún es una tarea pendiente en la mayoría de las entidades federativas, pues sólo a nivel federal y en los estados de Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas se cuenta con dependencias de esta naturaleza.
 
La materialización de las responsabilidades del Estado mexicano para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad implica el desafío de diversos retos, tales como la efectiva armonización del sistema jurídico mexicano con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de que este grupo poblacional cuente con apoyo especializado para la toma de decisiones; la creación de mecanismos de acceso a la justicia que tutelen la igualdad material; el diseño de mecanismos de sanción y reparación del daño para garantizar efectivamente los derechos de las personas con discapacidad; la implementación de mecanismos que aseguren la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad mediante un sistema de apoyos y de ajustes razonables; implementación de acciones afirmativas y medidas de nivelación para lograr que las personas con discapacidad habitantes de comunidades rurales e indígenas accedan sin discriminación al ejercicio y disfrute de sus derechos; lograr que la accesibilidad sea un principio fundamental en la hechura e implementación de políticas públicas; adopción de mecanismos para difundir entre las personas con discapacidad información sobre salud sexual y reproductiva, a fin de que ejerzan este derecho de manera plena, libre e informada; elaboración de políticas públicas que garanticen el acceso a las tecnologías, a la información y las comunicaciones en formatos accesibles y diseñar esquemas igualitarios de participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad.
 
Es de resaltar que para lograr avances significativos en materia de discapacidad, es indispensable darle prioridad en la agenda nacional y construir políticas públicas transversales, con enfoque de derechos humanos y no discriminación, en las que la participación de las personas con discapacidad, sus familias y de las organizaciones que las representan sea una constante, así como fortalecer la configuración y funcionalidad efectiva de los mecanismos locales y nacional de aplicación y supervisión de la CDPD.

Asimismo, es imperante atender y dar cumplimiento, a la brevedad, a las recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó en marzo del 2011 la Dirección General Adjunta de Atención a la Discapacidad con la convicción de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 33.2 de la CDPD, el cual mandata la designación en los Estados Partes de uno o varios mecanismos independientes para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, así como para supervisar la aplicación de dicho instrumento internacional.
 
En 2014, en el marco de sus atribuciones, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU formuló observaciones al informe inicial presentado por el Estado mexicano en cumplimiento de la CDPD, entre las que si bien se reconocieron los avances nacionales relativos a la entrada en vigor de diversas leyes y programas en materia de discapacidad, también se urgió al Estado para el fortalecimiento de los mecanismos nacional y estatales de monitoreo independiente de la CDPD, a fin de lograr la definición de sus estructuras y funciones.
 
En razón de lo anterior, la CNDH ha fortalecido al Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, cuya estructura, bases de funcionamiento y organización han quedado definidas en el Reglamento Interno de esta Comisión Nacional,  buscando  a mediano plazo, la efectiva aplicación de la CDPD, a través de tres ejes principales: la promoción, la protección y la supervisión de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual lleva a cabo actividades de toma de conciencia dirigidas a personas servidoras públicas, organizaciones sociales, personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, brinda acompañamiento y asesoría jurídica sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos, supervisa el estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en el país y realiza informes y diagnósticos sobre la realidad que enfrenta ese sector de la población, a fin de hacer exigibles sus derechos.
 
Aunado a lo anterior, a través de diversas acciones este Organismo Nacional ha promovido la instalación de los mecanismos estatales de monitoreo de la CDPD y brindado acompañamiento a las y los actores involucrados en dicho proceso, con el objeto de materializar la supervisión del cumplimiento de la CDPD y con ello identificar las áreas de oportunidad y retos pendientes de alcanzar en las 32 entidades federativas en materia de discapacidad.
 
En ese sentido, el objetivo central de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD es coadyuvar a que las autoridades respeten y difundan los derechos de las personas con discapacidad; establezcan vías eficaces para garantizar su cumplimiento y pongan en marcha políticas públicas incluyentes.

Las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras que limitan su participación y les impiden disfrutar la igualdad de oportunidades. Bajo la premisa de que la discapacidad es un constructo social, surge la imperiosa necesidad de llevar a cabo acciones que deriven en su empoderamiento, así como en el de sus familias y en el de las organizaciones que las representan, con el propósito de que conozcan y utilicen los medios y mecanismos legales para hacer exigibles sus derechos.

Por lo anterior, en materia de atención a las personas con discapacidad, la CNDH durante este año realizó 249 actividades de promoción, en las cuales se logró impactar a 23,503 personas, entre las que se encuentran: personas con discapacidad y sus familias, integrantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidoras y servidores públicos, representantes del sector académico, estudiantes y público en general. Dichas actividades se realizaron en diversas entidades federativas del país, tales como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
 
En la promoción de los derechos de las personas con discapacidad destacan las siguientes actividades:
 

La creación de una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad implica una constante divulgación de información al respecto. Por ello, la CNDH elaboró y distribuyó diversos materiales (libros, carteles, folletos, trípticos, cartillas y cuadernos en fácil lectura y en Braille) a diversos organismos públicos de protección de los derechos humanos, sistemas para el desarrollo integral de la familia, universidades y organizaciones de y para personas con discapacidad. En el periodo que se informa se distribuyeron 90,222 ejemplares tanto en tinta, como en formatos accesibles (fácil lectura y sistema Braille). Se revisaron y actualizaron seis materiales de divulgación.

La armonización legislativa implica la revisión y análisis de ordenamientos jurídicos vigentes para encontrar áreas de oportunidad respecto a su congruencia con la realidad y con las disposiciones establecidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Con ese objeto, se realizó la revisión de 16 leyes, cuyo resultado es un importante insumo para la elaboración de informes sobre la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas del país. 
 
En dicho ejercicio se analizó el articulado de las leyes del orden federal seleccionadas, se contrastó con los preceptos establecidos en la CDPD y tomando como criterios orientadores tesis aisladas, jurisprudencia y sentencias nacionales y regionales, se formularon propuestas de reforma, adición o creación de nuevos artículos que, de manera transversal protejan y aseguren el disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

El primer documento “Derecho a una Vida Digna y a la Seguridad Social de las Personas con Discapacidad”, basado en el análisis de ocho leyes federales en la materia realizado durante 2016 tiene como objetivo garantizar en el marco normativo mayor inclusión, acceso a la seguridad y protección social de las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de condiciones, así como una vida independiente y un nivel de vida adecuado. Para ello, es importante eliminar las barreras del lenguaje discriminatorio y asegurar su participación en los programas de asistencia social, de vivienda y jubilaciones.

El segundo documento “Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad”, producto del análisis de ocho leyes federales, delineado en dos apartados temáticos: Igual Reconocimiento como Persona ante la Ley y Protección de la Propiedad Intelectual para las Personas con Discapacidad, busca visibilizar la capacidad de goce y ejercicio de las personas con discapacidad que debe reflejarse en su acceso, sin discriminación, a servicios financieros como cuentas de banco y crédito, seguros de vida y gastos médicos mayores; en la posibilidad de realizar por sí mismas trámites para la obtención de documentos oficiales; disfrutar de los beneficios de sus creaciones, entre otras actividades.
 

El tercer documento “Accesibilidad para las Personas con Discapacidad” resultado del análisis de tres leyes federales, pretende impulsar la adopción de ajustes razonables y medidas de nivelación que materialicen los derechos de este sector de la población de manera transversal.
 
El cuarto documento “Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad” derivado del análisis de cuatro leyes federales y un código nacional, tiene por objeto incentivar la participación de las y los funcionarios y operadores del sistema de justicia en la construcción de una cultura cívica jurídica respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad, así como garantizar asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada para las personas con discapacidad inmersas en algún proceso legal.
 
Con dichos documentos, este Organismo Nacional busca crear herramientas que permitan visibilizar áreas de oportunidad para fortalecer el marco jurídico protector de los derechos de las personas con discapacidad y detonar su materialización.

Con el objeto de difundir masivamente los derechos humanos de las personas con discapacidad, esta Comisión Nacional cuenta con el micrositio del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del cual se dan a conocer sus antecedentes, sus funciones y la participación de la sociedad civil en su operación.
 
El micrositio se enriquece con información básica en materia de discapacidad y con propuestas o pautas de comportamiento para interactuar de manera adecuada con personas con discapacidad, destacando ante todo que se interactúa con una persona y como tal, desea ser tratada de manera natural y con respeto, así como que el primer acercamiento debe estar enmarcado por dos preguntas indispensables: ¿te puedo ayudar? y ¿cómo te puedo ayudar?
 
Aunado a ello, el micrositio cuenta con materiales de divulgación de los derechos de las personas con discapacidad tales como folletos, libros, cartillas, videos, entre otros, disponibles en formatos compatibles con herramientas tecnológicas que facilitan su acceso a personas con discapacidad. Cuenta, además, con un boletín cuatrimestral, a través del cual se comunican las actividades realizadas durante un periodo determinado y las próximas a llevar a cabo.
 
De igual modo, el micrositio se configura como un medio para difundir convocatorias a eventos y de participación en acciones del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional. En ese sentido, durante el periodo que se informa destaca la publicación de la Convocatoria para la integración del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, con el objetivo de impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de personas expertas de todo el país en su funcionamiento, a fin de consolidar una estructura de alcance nacional respaldada por los organismos públicos de derechos humanos.

Durante el 2016 se enviaron solicitudes de información a los 32 titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a manera de cuestionarios divididos en ejes temáticos que atienden a los principios y derechos previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir de cuyas respuestas, durante el periodo que se informa, se avanzó en la elaboración de un documento con el objetivo de reflejar la realidad que viven las personas con discapacidad en México y la situación que guarda el ejercicio de sus derechos humanos del que se advierte que el Estado mexicano tiene un rezago importante en el cumplimiento y aplicación de la CDPD desde su entrada en vigor en el 2008.
 
El documento en comento, se refiere al estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en las entidades federativas y con él se busca visibilizar la problemática existente a nivel local en el ejercicio pleno de los derechos de ese sector poblacional.

Entre las observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas al Estado mexicano en 2014, destaca la relativa a la persistencia del modelo de educación especial, la falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad y la inaccesibilidad de los centros educativos y de materiales didácticos, incluidos los libros de texto.
 
Con el objeto de verificar los esfuerzos realizados para atender dichas observaciones y a solicitud de los organismos de inclusión de las personas con discapacidad de Tlaxcala y del Estado de México, esta Comisión Nacional llevó a cabo 13 visitas in situ a instituciones educativas de nivel básico y medio de diversos municipios de dichas entidades federativas.
 
Dichas visitas tuvieron como objeto analizar las acciones que las autoridades competentes han desarrollado para la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en diversos niveles educativos y generar una herramienta de consulta que permita realizar mejoras y adecuaciones en los procedimientos de atención a estudiantes con discapacidad, a efecto de que resulten compatibles con el artículo 24 de la CDPD.

A la fecha, con base en la información recabada en las 13 visitas in situ realizadas durante el 2016, se está elaborando un documento sobre Indigenismo, Ruralidad y Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el cual tiene como objetivo visibilizar la realidad de dos colectivos: personas con discapacidad y comunidades indígenas, los cuales sufren discriminación sistemática al ser excluidos de la dinámica social.  Dicho informe  se configura como el primer ejercicio de análisis interseccional  que se refiere a ambos grupos de atención prioritaria, a través del cual se identificaron las principales violaciones a derechos humanos de quienes comparten tales condiciones y exhorta a la toma de decisiones y realización de acciones encaminadas a reducir los obstáculos que enfrentan las personas indígenas con discapacidad y a sensibilizar respecto a que la discapacidad es una condición que eventualmente será parte de la realidad de todas las personas.

Con base en el proyecto presentado en el 2015 en el seno de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y con el objetivo de emprender una estrategia conjunta para el fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se continuaron los trabajos de colaboración con los entes públicos de derechos humanos teniendo como resultado la instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.
 
Esta estrategia para la conformación y fortalecimiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene dos objetivos, el primero es servir como un instrumento que detone la creación de los Mecanismos Estatales en colaboración estrecha y, el segundo,  establecer los criterios para la implementación de dichos mecanismos a través de un trabajo coordinado entre los 32 organismos públicos de derechos humanos y la CNDH, a efecto de que en un futuro se realice una vigilancia efectiva de la Convención. De tal manera que este año se integraron 9 Comités Técnicos de Consulta en las entidades federativas de Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.
 
En ese tenor, para dar respuesta a lo observado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas respecto al funcionamiento de este Organismo Nacional en materia de discapacidad, se publicó la Convocatoria para la integración del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD, el cual estará conformado por 15 miembros, de los cuales 10 serán representantes de organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad y 5 serán personas expertas independientes en la materia.
 
Cabe destacar que para garantizar la participación de todas las personas con discapacidad, sin importar la deficiencia, en el Comité Técnico estarán representados los principales tipos de discapacidad, a saber, visual, motriz, auditiva, cognitivo-intelectual y mental o psicosocial.
 
El Comité Técnico tendrá participación en la celebración de consultas para la redacción de leyes o reglamentos, en el nombramiento de actores clave, en la elaboración de programas, planes, informes, recomendaciones y otros documentos de supervisión, entre otras actividades.