Antecedentes
 
Las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-P en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicadas en octubre de 2011, a través de las cuales se adicionó el principio del interés superior de la niñez y se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respectivamente, impulsaron la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada el 4 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, misma que tiene entre sus objetivos, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establecen los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, entre otros.
 
La entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes estatales en la materia, marcaron en nuestro país, el inicio de una nueva etapa en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, pues no sólo se reconoce como titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes, sino que se establecen obligaciones para que el Estado, las personas encargadas de su cuidado y la sociedad en general, trabajemos coordinadamente a nivel nacional a fin de garantizar la observancia y respeto de los derechos de ese grupo de atención prioritaria.
 
En ese sentido, la LGDNNA establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) — del que la CNDH es parte integrante—, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de generar acciones para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar la prevención, protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando son vulnerados.
 
Como parte de las medidas previstas en la Ley General para la implementación de esfuerzos coordinados en beneficio de la niñez y adolescencia, su artículo 140 dispone que la CNDH y todos los organismos públicos de protección de los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, deben establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 
Derivado de esas disposiciones, en la labor de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, se debe privilegiar la supervisión de la actuación de los gobiernos en materia de niñez y adolescencia; impulsar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes e incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de sus derechos; recibir denuncias de violaciones a los mismos y establecer mecanismos para su defensa y reparación integral; salvaguardar sus intereses; ser su portavoz; crear espacios plurales de participación y reflexión sobre la situación de ese grupo poblacional en la sociedad, así como su relación con el Estado; impulsar la creación de políticas públicas con enfoque de derechos y de género, y transversalizar la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia al interior de cada organismo.
 
En la consecución de tales objetivos, es inminente conocer indicadores asociados a la niñez y adolescencia que muestren un panorama general de su situación y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran en nuestro país.
 
Contexto actual
 
De acuerdo a la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015), en México habitan 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que en términos relativos representa 32.8% de la población total en ese año (119 530 753 personas). El número de niños menores de 5 años asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años. Todas y todos requieren de una atención integral en materia de educación, salud y desarrollo social.
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014, señaló que 53.9% (21.4 millones) de la población menor de 18 años se encontraba en situación de pobreza. Los indicadores de privación social muestran que, del total de población infantil de 0 a 17 años, 74.4% presenta al menos una carencia social, de los cuales: 62.6% no tiene acceso a la seguridad social; 27.6% refleja carencias por acceso a la alimentación; 16.2% no tiene acceso a los servicios de salud; 24.8% no tiene acceso a los servicios básicos en su vivienda, 16.7% tiene carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda, y 8.0% presenta rezago educativo.
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es un problema de salud pública a nivel mundial que está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), 3 de cada 10 niñas y niños (de 5 a 11 años de edad) padecen sobrepeso u obesidad. Aunque hubo una disminución significativa del sobrepeso en niños varones, al pasar de 19.5% en 2012 a 15.4% en 2016, se observó un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales, tanto en niñas como en niños. Asimismo, 4 de cada 10 adolescentes (de 12 a 19 años de edad) presenta sobrepeso u obesidad.
 
La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revela que el 63% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años es sometido a formas de castigo físico o psicológico por algún integrante de su familia, mientras que el 6% recibe castigos severos. Datos de ONU Mujeres 2014, señalan que 23 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual, así como que 747 mil niñas y adolescentes de 5 a 17 años participaban en alguna actividad económica.
 
El estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, realizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en coordinación con UNICEF, señala que el 54% de la población de 0 a 17 años carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales: educación, acceso a la salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad y alimentación; además de que el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
 
Durante 2015, cifras del INEGI revelan que 49% de quienes tenían entre 5 y 17 años y trabajaban, eran niñas y adolescentes; 7.8% de mujeres adolescentes ha tenido un hijo; 10.1% de las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años dejó la escuela porque se embarazó o tuvo un hijo y 13.1% lo hizo debido a que se casó.
 
Sobre este último punto, a raíz de la expedición de la LGDNNA, las entidades federativas iniciaron una labor de armonización legislativa para establecer en su legislación civil el requisito de edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. No obstante, a la fecha, algunos Códigos Civiles o de Familia permiten el matrimonio de personas menores de edad o conservan alguna dispensa.
 
En materia educativa, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que presenta el nivel de deserción escolar más alto, especialmente en los(as) adolescentes de entre 15 y 18 años, siendo las dos causas principales de abandono de los estudios, las carencias económicas de sus hogares en 52% de los casos, y los embarazos tempranos o las uniones entre parejas jóvenes, que representan el 23%. Durante 2000 y 2011, alrededor de 6.5 millones de adolescentes y jóvenes dejaron sus estudios.
 
La violencia en los planteles educativos ocupa un lugar importante en los problemas que enfrenta la niñez en nuestro país. La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 del INEGI, encontró que 32.2% de adolescentes entre 12 y 18 años sufrieron acoso escolar. Tanto en educación básica, media básica o media superior, los conflictos y agresiones entre pares (bullying o ciberbullying), así como entre profesores(as) y alumnos(as) son ejemplos claros de cómo la conjunción de múltiples factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y colectivo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ámbito que debiera ser de los más seguros para su desenvolvimiento.
 
La gestación subrogada en México (actualmente permitida en algunos estados), debe analizarse desde los ámbitos jurídico, social, médico, científico, biotecnológico y ético, ( CNDH, Comunicado de Prensa CGCP/077/16 del 23 de marzo de 2016) y ser regulada con un enfoque de género, desde la perspectiva de derechos de niñez, a fin de evitar cualquier afectación a la dignidad, la vida, a vivir en condiciones de bienestar y a su sano desarrollo integral.
 
El Comité de los Derechos del Niño, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos de derechos humanos cuarto y quinto consolidados de México, recomendó al Estado mexicano revisar la legislación en materia de subrogación e introducir garantías para impedir su uso con fines de venta de niños.
 
La estadística nos muestra la frecuencia y magnitud de las acciones u omisiones que lesionan los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, visibiliza un panorama que advierte la necesidad de consolidar acciones de todas las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de ese sector de la población en nuestro país y nos lleva a concluir que las causas de fondo de la mayoría de ellas son, entre otras, la pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia de oportunidades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de inversión pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos a efecto de que ciñan su actuar al nuevo paradigma de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
 
La materialización de las responsabilidades del Estado mexicano, de las familias y la sociedad en la protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, enfrenta retos de importante complejidad, tales como aplicar de manera efectiva e integral la normativa nacional e internacional; armonizar el marco jurídico en la materia; impulsar la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en las que se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, y la participación activa de este sector; así como continuar con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la actuación de los operadores administrativos y judiciales en la impartición y procuración de justicia, por citar algunos, indispensables en la conformación de una estructura institucional sólida que responda a las problemáticas que enfrenta la niñez y adolescencia en el país.
 
Para promover el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también resulta apremiante implementar acciones para transversalizar el enfoque de derechos y el interés superior de la niñez y adolescencia en todas las actuaciones del Estado, especialmente en aquellas relativas a la no discriminación e igualdad sustantiva; supervivencia; inclusión de personas con discapacidad; medidas de protección especial y restitución de derechos; acceso a la información y participación; entornos libres de violencia y ambientes saludables; contenidos en medios de comunicación; prevención y atención de embarazo; sexualidad y reproducción; desarrollo infantil temprano; identidad; adopción; migrantes no acompañados; acceso a la justicia; trabajo infantil y juvenil; explotación, tráfico y trata de personas; población en situación de calle, personas indígenas, centros de asistencia social y prevención de adicciones.
 
Durante 2017, la CNDH, en múltiples posicionamientos, ha resaltado que la desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez, y que para su erradicación es necesario sensibilizar e involucrar a niños y adolescentes en las acciones tendentes al cumplimiento de sus derechos, a través de la educación en y para los derechos humanos; la promoción de la diversidad étnica, cultural e ideológica;el empleo de técnicas de crianza positivas libres de violencia y con perspectiva de género, y la promoción de las masculinidades que rechazan la violencia y son conscientes y solidarias respecto a la situación del género femenino.
 
Para prevenir y atender la violencia en las escuelas, en diversos foros, se han propuesto alternativas de intervención relativas al manejo de conflictos por medios no violentos, la educación en derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. Se ha hecho evidente la necesidad de construir nuevas estructuras organizacionales, donde el castigo, el autoritarismo, la represión y la suspensión o expulsión no deben ser mecanismos para enfrentar los problemas de la convivencia escolar cotidiana.
 
El Estado mexicano, al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, adquirió el compromiso de promover, respetar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes para así, asegurar su desarrollo integral. Ese instrumento internacional, posee efectos vinculantes, por lo que uno de los retos a nivel internacional, es dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, sujetarse a la revisión periódica del Comité de los Derechos del Niño e implementar el seguimiento permanente de las observaciones y recomendaciones que emita.
 
Otro reto internacional, es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS), los cuales buscan hacer efectivos derechos fundamentales a la salud, a la educación, a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia, y priorizando la atención de graves problemas sociales como la pobreza, la inequidad y la desigualdad. Asimismo, los Objetivos integran perspectivas de género, ciclo de vida y transversalidad de políticas públicas. Cabe destacar que México se encuentra en el momento oportuno para que las autoridades integren en su planeación de desarrollo nacional, los componentes necesarios para el cumplimiento, seguimiento, revisión y evaluación de esas metas.