México es una nación pluricultural que tiene sustento originalmente en sus pueblos indígenas[1]; sin embargo, este sector de la población mexicana se enfrenta a diversas dificultades que entorpecen su desarrollo, así como su integración a la actividad económica productiva.

Las personas indígenas son un grupo de la población considerado como de atención prioritaria, que por factores como la pobreza, marginación, rezago educativo, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. Esta condición se acentúa en aquellos que están privados de la libertad en un centro penitenciario, quienes frecuentemente se enfrentan a la negación de sus derechos como personas indígenas e internos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta octubre de 2017, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 7,340 personas. De ésta 6,880 pertenecen al fuero común y 460 al fuero federal, asimismo 244 son mujeres y 7,096 hombres.
 

De la citada población interna en los centros de reinserción social del país, los pueblos indígenas que registran una población mayor de 100 personas son los siguientes: 1,668 náhuatl, 551 zapoteco, 432 mixteco, 409 tsotsil, 392 maya, 388 tarahumara, 380 otomí, 374 tzeltal, 321 mazateco, 305 totonaco, 174 chol, 159 mixe, 151 tlapaneco, 149 chinanteco, 148 mazahua, 142 tepehuano, 136 cora, 129 huasteco, 117 mayo.

Cabe mencionar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se sustenta en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, está orientado principalmente a garantizar un debido proceso, a través de sus características medulares, que al ser acusatorio, oral y público, protege el derecho a la igualdad entre las partes. Al respecto, el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho de las personas indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual y colectivamente. Por ello, se deberán considerar sus costumbres y especificidades culturales, así como el derecho de ser asistidos por intérpretes y personas que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Por otra parte, se han observado diversas problemáticas relacionadas con indígenas en reclusión que son independientes de su situación jurídica, entre ellas:

§  La discriminación de la que en ocasiones son objeto por parte del resto de la población interna, por su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena;
§  La falta de información sobre los derechos humanos que les asisten;
§  La escasa visita familiar que reciben, debido a la lejanía de sus comunidades respecto del lugar donde está ubicado el centro de reclusión, aunado a la falta de recursos económicos;
§  La deficiente atención médica que reciben en el centro de internamiento;
§  Las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales encaminadas a su reinserción social;
§  La falta de apoyo inmediato de intérpretes y/o traductores en su lengua, durante el procedimiento penal que se les instruye.
§  La carencia de personas defensoras públicas que hablen su lengua; así como que conozcan sus costumbres y especificidades culturales.
§  La falta de sensibilización sobre las circunstancias particulares de las personas indígenas.

Es de destacarse que las personas que están internas en los centros penitenciarios tienen restringido temporalmente el derecho a la libertad y suspendidos sus derechos políticos, conservando intactos sus demás derechos humanos, como el derecho a ser tratados con dignidad, a un defensor, a un traductor y/o intérprete, a un debido proceso, a la salud, a la alimentación, a recibir visitas de sus familiares, entre otros. En este sentido, el Estado tiene el deber de proteger y garantizar el respeto de esos derechos, de tal manera que durante su estancia en los centros de reclusión puedan ejercerlos.
 

Con el fin de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas indígenas en reclusión, la CNDH continuamente realiza visitas a los Centros de Reinserción Social a nivel nacional, con la finalidad de identificar y entrevistar a los internos que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena y brindarles servicios de orientación, gestión, difusión y en su caso recepción de quejas. En este año se llevaron a cabo 24 visitas a centros de reinserción social, ubicados en 12 entidades federativas, en las que se entrevistó a 1,489 personas indígenas internas.