Informe Especial Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia

Mediante este informe, realizado en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), se da cuenta de la vulnerabilidad de las y los adolescentes en México, en términos de pobreza, educación, empleo y salud, particularmente, en mujeres e indígenas, y el papel que estas circunstancias tienen en su vinculación con fenómenos de violencia y delincuencia. También se documentan los desafíos que el sistema de justicia para adolescentes debe enfrentar para garantizar los derechos de esta población. Al respecto, es importante considerar que, a inicios de 2016, la población de adolescentes en conflicto con la ley, privados de su libertad, era de 3,761, de los que 3,600 eran hombres (96%) y 161 mujeres (4%).

Para la realización de este informe, se seleccionaron 17 entidades que representan a todas las regiones del país: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California, Zacatecas, Puebla, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz, en las que se entrevistó a un total de 730 adolescentes, pertenecientes a los siguientes grupos étnicos: chatino, chinanteco, chol, huichol, maya, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, tarahumara, trique, tzeltal, tsotsil, zapoteco y zoque.

En sus testimonios refirieron que, pese a que al momento de su detención hablaban y comprendían muy poco español, solo en unos cuantos casos contaron con traductores. También señalaron que no comprendían las explicaciones que los jueces les dieron durante las audiencias y que, solo tiempo después de estar en el centro de internamiento, poco a poco fueron entendiendo el significado de los términos jurídicos que emplearon para juzgarles y las razones por las que los privaron de su libertad.

Entre las principales observaciones hechas por el CIESAS, destacan la carencia de programas educativos y de capacitación laboral suficientes y de buena calidad; la falta de provisión suficiente y de buena calidad de alimentos, así como de materiales e insumos para los talleres, y las malas condiciones y la falta de mantenimiento en las instalaciones.

La nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, contiene un capítulo amplio de disposiciones generales sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes. Por tanto, el CIESAS considera que todas las instituciones que tienen alguna responsabilidad relacionada con este sector de la población, en los diferentes ámbitos y niveles de gobierno (salud, educación, trabajo, deporte, cultura, protección, seguridad, justicia, etcétera), deben diseñar y ejecutar los programas correspondientes para cumplir con las disposiciones que esta Ley establece. Las mujeres en los sistemas de justicia requieren de manera crítica de programas, establecimientos y personal especializado. Llama, además, a todos los organismos públicos de derechos humanos a redoblar sus esfuerzos, estar atentos y supervisar los centros de detención a fin de impedir toda forma de malos tratos, tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, especialmente desde el momento en que las y los adolescentes son detenidos y hasta que son presentados ante las instituciones de justicia para adolescentes.