Con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre (con epicentros en Pijijiapan, Chiapas y Axochiapan, Morelos, respectivamente), la CNDH realizó diversas acciones inmediatas, orientadas a coadyuvar a la atención y protección de los derechos humanos en diversos Estados de la República, e inició la investigación de 298 quejas, 289 que le fueron presentadas y nueve más iniciadas de oficio.
De las actividades que derivaron de las quejas, destacan 44 relacionadas con la búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 101 con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 47 presentadas por trabajadoras y trabajadores en relación con daños en las instalaciones de sus centros laborales y que aún no cuentan con dictamen; 44 vinculadas a la prestación de servicios públicos; cinco quejas en contra de la Presidenta del DIF estatal de Morelos, relacionadas con el destino de los vehículos que transportaban víveres y la colocación de estos en bolsas de dicha institución como ayuda para las zonas afectadas; tres quejas que fueron remitidas a los organismos públicos de protección de los derechos humanos estatales, y 28 quejas referentes a los esquemas de seguros y reparación por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Asimismo, se solicitaron 35 medidas cautelares con el objeto de salvaguardar los derechos de las personas damnificadas por los desastres naturales mencionados.
La CNDH puso en marcha de manera inmediata un conjunto de acciones extraordinarias para constituirse en mecanismo de atención y protección a los derechos humanos con más de 300 servidoras y servidores públicos, entre abogados, médicos, psicólogos, criminalistas y personal de apoyo administrativo. Las acciones se realizaron en los lugares donde se requería mayor apoyo por las afectaciones provocadas por los sismos, entre estos, la Ciudad de México y los Estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla. Entre las acciones realizadas destacan la solicitud de medidas cautelares; el envío de oficios a los gobernadores para la difusión de los protocolos internacionales para acciones en caso de desastres de origen natural; la solicitud de implementación de un protocolo al interior de los centros penitenciarios; la solicitud de observación de un protocolo sobre tratamiento de cuerpos, acompañamiento y asistencia directa a víctimas, así como la inscripción de 33 víctimas al Registro Nacional de Víctimas.
Como parte de la investigación para determinar si la intervención de las autoridades (antes y después de los sismos) pudiera implicar violaciones a derechos humanos, la CNDH sostuvo reuniones de trabajo con el Senado de la República; la Secretaría de Desarrollo Social; la SEGOB y la Policía Federal, así como con las secretarías generales de seis entidades federativas: Morelos; Chiapas; Puebla; Tlaxcala; Guerrero, y el Estado de México. También se llevaron a cabo reuniones con autoridades de la Ciudad de México: la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Protección Civil; la Procuraduría General de Justicia; el Instituto para la Seguridad de Construcciones, y el Instituto de Verificación Administrativa.
Asimismo, la CNDH ha privilegiado la atención y el acompañamiento de las víctimas, y ha celebrado reuniones con organizaciones civiles. Se realizaron también visitas de verificación a 15 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) de 14 entidades federativas: Chiapas; Chihuahua; Durango; Estado de México; Guanajuato; Jalisco; Michoacán; Morelos; Nayarit; Oaxaca; Sinaloa; Sonora; Tabasco y Veracruz.
Para extender el alcance de las acciones de apoyo y acompañamiento, la Comisión Nacional y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México establecieron un Centro de Atención Telefónica para brindar asesoría jurídica, atención psicológica y contención emocional en favor de la población que así lo requiera.
Finalmente, la CNDH elaboró las
"Directrices de actuación de la CNDH ante situaciones de desastre por sismos de gran magnitud", con el objetivo de definir la ruta institucional de actividades a seguir en situaciones de emergencia derivadas de un sismo de gran magnitud.
