Antecedentes

En 1981 el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC por sus siglas en inglés) en Atlanta, Georgia, informaba de la aparición de una nueva condición de salud caracterizada por la falta de respuesta a tratamientos en personas jóvenes hasta ese momento saludables, que ingresaban a los hospitales con enfermedades tales como sarcoma de Kaposi o neumonía carinii y eventualmente fallecían; se identificó que esa realidad obedecía al deterioro en su sistema inmunológico. En ese momento, los primeros casos reportados por la literatura médica, en revistas especializadas como el New England Journal of Medicine, correspondían a varones jóvenes homosexuales, lo cual ocasionó que la primera denominación que recibiera esta condición de salud fuera “cáncer asociado a la homosexualidad”, dando pie a la estigmatización del padecimiento al asociarlo con un sector de la sociedad ya de por sí, injustamente marginado. Este sería el comienzo de una historia de dos epidemias, la del sida y la del estigma asociado a él.

En 1983, Jean Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de París, Francia y Robert Gallo, en los Estados Unidos de América, identificaron al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), como el retrovirus responsable de la condición de salud que, a partir de entonces, recibiría el nombre de Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (sida). En ese mismo año, se identificó el primer caso de sida en México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a usar el concepto de “poblaciones de riesgo”, identificando con tal denominación a aquéllas con alta probabilidad de adquirir la infección, debido a que en occidente se presentaba en hombres homosexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas con hemofilia y migrantes a los Estados Unidos de América procedentes de Haití. Esto marcó el segundo hito de estigmatización del sida con poblaciones de suyo marginalizadas. Más tarde, la evidencia probaría, que no hay tales poblaciones de riesgo, sino prácticas de riesgo, y que el virus no discrimina por sexo, género, orientación sexual, ocupación, nacionalidad, ni por ninguna otra característica personal.

Con el paso del tiempo y los avances científicos, llegaron los primeros tratamientos, como fue la zidovudina, pero la sobrevida de los usuarios con VIH no excedía los siete años. Con la terapia alternada con otros dos fármacos, alcanzaban diez años, los más afortunados. No fue sino hasta 1995, que se desarrolló la “terapia antirretroviral altamente eficaz”, consistente en los inhibidores de la proteasa, proteína que el VIH necesita para replicarse. Con estos antirretrovirales (ARV), vivir con VIH se trasformó en una condición crónica controlable.

En México, en 1996, tras las presiones de la población derechohabiente organizada, se logró que el Instituto Mexicano del Seguro Social incorporara los antirretrovirales en su cuadro básico de medicamentos. A partir de la inclusión en el catálogo de servicios de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de dichos fármacos en 2004, éstos se proporcionan a toda la población que lo requiere aún si carece de seguridad social, alcanzándose con ello el acceso universal a los antirretrovirales.

A pesar de este logro, y si bien es cierto que dicho tratamiento evita que la infección desarrolle el síndrome y, en consecuencia, la muerte, también lo es que ha persistido la llamada “muerte social” ocasionada por el estigma asociado al VIH y la discriminación que del mismo se deriva, circunstancia que ha dado lugar a que las quejas por violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH y sus familias, no dejen de ser una constante.
 
Contexto actual

Actualmente, la pandemia del VIH y el sida, constituye un importante reto de salud pública debido a que su principal vía de transmisión es la sexual y por su asociación arbitraria con poblaciones estigmatizadas como son quienes tienen una identidad de género distinta a la cisgénero (entendiendo como tal a quien asume una identidad de género que corresponde al sexo que tiene al nacer), o una orientación o práctica sexual no heterosexual.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, sistematizados a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA), en el Registro Nacional de Casos de SIDA se advierte que del año 1983 al 30 de septiembre del 2017, se han notificado 147,138 casos de VIH y de sida que se encuentran vivos, de los cuales el 82% corresponde a hombres y 18% a mujeres. De conformidad con dicho registro, el número de casos acumulados notificados de sida asciende a 192,996. Este año se presentaron 9,205 nuevos casos de VIH y sida. Entre los estados con mayor tasa de casos nuevos de sida se encuentran Campeche, Quintana Roo, Colima, Morelos y Guerrero, mientras que Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Colima, cuentan con la mayor tasa de casos nuevos de VIH.
 
Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, ONUSIDA, la epidemia en México está concentrada en poblaciones, a las cuales se les denomina "clave", es decir, en aquellas cuya prevalencia supera la media nacional que es de 0.3% en población general entre 14 y 49 años de edad. Tales poblaciones son: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), hombres trabajadores del sexo (HTS), mujeres transgénero en trabajo sexual (MT en TS), personas usuarias de drogas inyectables (PUDIS) y mujeres trabajadoras sexuales (MTS), ya que según el Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el sida de 2016, elaborado por CENSIDA, presentan prevalencias de 24.1% para HTS, 17.3% para HSH, 15.5% para MT-TS, 2.5% para hombres y mujeres PUDIS y 5.1% si realizan trabajo sexual y 0.7% para MTS.

La respuesta del Estado mexicano al VIH ha sido en diversos frentes, y va desde el reconocimiento del derecho a la protección a la salud en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la previsión del control epidemiológico para el VIH y el sida, así como de la educación sexual en la Ley General de Salud; hasta la creación de instituciones especializadas como el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA) el 24 de agosto de 1988 y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida el 5 de julio del 2001, además de la publicación de más de 25 normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia, de entre las que destaca la específica, NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 2010, cuya primera versión data de 1993).

Entre los avances en la protección del derecho a la salud y a la no discriminación, es de resaltar que en el mes de marzo del 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la revisión de un amparo promovido por un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con VIH, generó una tesis aislada en la que se reconoció el derecho a recibir medicamentos. Asimismo, es fundamental la reforma constitucional del 14 de agosto del año 2001 que establece el derecho a la no discriminación, entre otros motivos, por condiciones de salud, así como la publicación en 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que prohíbe la estigmatización de las personas con VIH o sida.

Al respecto, también es relevante la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 131/2007, emitida en diciembre de ese año, que declaró inconstitucional el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que preveía la baja del servicio activo de las armas a los militares con VIH por violar los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación por condición de salud.

Aunado a ello, en 2008, mediante reforma al Reglamento de Insumos para la Salud se eliminaron los obstáculos para la producción de medicamentos genéricos contra el VIH.

Como parte de la respuesta a la pandemia del VIH, ONUSIDA ha destacado en diversos documentos la importancia del combate a prejuicios tales como la homofobia y la transfobia. Es por ello que resulta trascendente recordar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, estableció la obligación para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, e incluyó, a las preferencias sexuales como parte de los motivos por los que se prohíbe la discriminación en nuestro país.

Aunque de lo anterior puede advertirse que en México existe un amplio marco normativo que tutela el derecho a la protección de la salud y a la no discriminación, este Organismo Nacional continúa recibiendo escritos de queja relacionados con la vulneración de dichos derechos.

En varios años, las autoridades frecuentemente señaladas como violatorias de tales derechos, han sido precisamente las del sector salud. Actualmente, la CNDH ha identificado al desabasto de medicamentos y a la negación del derecho a la protección de la salud como las dos causas más frecuentes de violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH, así como que se siguen presentando diversas formas de discriminación motivadas por la preferencia u orientación sexual y la identidad o expresión de género, reflejo del estigma de que son parte estas poblaciones, a lo que se suma la falta de acciones de algunas autoridades para cumplir los compromisos internacionales enmarcados en el respeto a los derechos humanos y la falta de conocimiento de la normatividad relacionada con el tema.

Entre los retos más importantes que se vislumbran con relación al VIH y los derechos humanos en nuestro país, resulta apremiante difundir entre la población en general, información básica sobre el VIH, las medidas de prevención, sus vías de transmisión, así como los derechos humanos relacionados con la materia, especialmente, el acceso a la prueba, al tratamiento, a la confidencialidad del diagnóstico, entre otros, con énfasis en acciones focalizadas en las poblaciones mayormente afectadas por la pandemia, sea porque presentan mayores prevalencias o por su vulnerabilidad derivada de sus prácticas o contextos.

Aunado a lo anterior, es indispensable la toma de decisiones encaminadas a garantizar la entrega completa y oportuna al usuario final de los tratamientos ARV, al momento de ser prescritos, para asegurar su continuidad y evitar la aparición de resistencias que podrían mermar su eficacia.
 
Por otro lado, el abatimiento de la disparidad entre las coberturas de los servicios de salud, debe ser impostergable, ya que, si bien todos los sistemas de salud cubren la terapia antirretoviral y los exámenes de control tales como carga viral y conteo de linfocitos CD4, no todas las comorbilidades, coinfecciones y enfermedades oportunistas son cubiertas por todos los sistemas de salud. Mención especial merece la atención del binomio tuberculosis (TB)-VIH, en razón de que dichas epidemias se impulsan y refuerzan mutuamente. Es de resaltar que la atención de tales condiciones de salud debe brindarse evitando la doble estigmatización.

La eliminación de la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita requieren especial atención, pues si bien al respecto existen avances, es fundamental reforzar las acciones encaminadas al cumplimiento de las metas internacionalmente comprometidas.

Otro reto en la materia, supone el impulso de acciones que garanticen la disponibilidad de fármacos pediátricos para el control de la infección por VIH.

Adicionalmente, es importante revisar y, en su caso, reformar los códigos penales de todo el país, a fin de evitar la criminalización de la transmisión del VIH.

La protección de los derechos humanos de las personas con VIH privadas de su libertad también es un reto, cuya atención implica garantizar su acceso a servicios médicos oportunos y de calidad para el control del virus, evitando toda forma de discriminación o segregación.

Finalmente, es de vital importancia, formular programas de capacitación y actualización del personal del servicio público que de alguna manera tiene relación con las personas con VIH, a fin de que conozcan la normatividad en la materia.

Para el logro de los retos en comento, es central reforzar todas las acciones que contribuyan a la eliminación de los prejuicios que den pie al estigma y la discriminación, tales como la misoginia, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, el clasismo y el racismo, entre otros.

Por otro lado, durante el 2017 se realizaron 79 reuniones de vinculación en diversas entidades federativas del país, de las cuales 42 fueron con organizaciones de la sociedad civil, grupos de personas que viven con VIH y de la comunidad LGBTTT y 37 con diversas instituciones públicas.

Es importante mencionar que se tuvo colaboración estrecha, tanto para realizar eventos de capacitación, como para coordinar acciones de prevención de violaciones a derechos humanos con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA) y organizaciones civiles nacionales e internacionales como la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C., la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, A.C. (Red Lactrans), y la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH SIDA-IWC Latina.

Para influir de manera positiva en los derechos humanos de las personas que viven con VIH, el Programa mantiene un vínculo constante con instancias que influyen y regulan las acciones oficiales e internacionales en la materia.

Trabajo Interinstitucional en Favor de los Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH y de la Diversidad Sexual

El Presidente de la CNDH ocupa una vocalía rotatoria en el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del sida (CONASIDA). Asimismo, el Programa Especial de VIH/sida y Derechos Humanos forma parte de los siguientes comités del CENSIDA:

• “Atención Integral”. Dentro de este Comité se formó un grupo de trabajo denominado “Grupo Nacional de Validación GNV”, el cual realizó trabajos de campo en los estados de Morelos y Tlaxcala que implicaron la recolección y análisis de datos para la validación interna de las prácticas empleadas para la eliminación de la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita, que dieron lugar a la presentación, en el mes de noviembre del “1er Informe de México Rumbo a la Eliminación de la Transmisión Maternoinfantil del VIH 2017”, en el cual se destacó la importancia de la integración de grupos sectoriales que hagan trabajo de campo, ya que experiencias de tal naturaleza enriquecen los procesos y sensibilizan a las autoridades.
• “Monitoreo y Evaluación”. Dentro de este comité se realizó un análisis de la mortalidad de 2008 a 2014 por VIH y sida en las 32 entidades federativas del país, detectándose que Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Nayarit son las que presentan mayor problemática. Asimismo, en dicho comité se acordó que en lo sucesivo se efectuarán reuniones periódicas de trabajo en los estados en que se ha incrementado la mortalidad a causa del VIH y sida para hacerles recomendaciones y darles seguimiento.
• “Prevención”. Dentro de este comité se propuso retomar las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Mujeres y VIH que no ha sesionado en los últimos meses.
• “Normatividad y Derechos Humanos”. Dentro de este comité se analizaron diversos documentos normativos relativos a la viabilidad de instalar Consejos Estatales para la Prevención del SIDA (COESIDAS) en las entidades federativas que no cuentan con ellos.

Dichos comités buscan incorporar nuevas propuestas de acuerdos a fin de ser presentados al CONASIDA para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con VIH y prevenir la transmisión del virus.

En esta sinergia, la Comisión Nacional también colabora de cerca en las mesas de trabajo tres y cuatro de la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Comisión de Política Pública Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con organismos internacionales como ONUSIDA.

Este año, el grupo tres de la Subcomisión de Grupos Vulnerables aludida, con participación de la sociedad civil, realizó propuestas de actualización al “Protocolo de Actuación para el personal de la Procuraduría General de la República” para garantizar el respeto a los derechos humanos en los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Asimismo, los trabajos de este grupo colaboraron en la elaboración del “Glosario sobre diversidad sexual, de género y características sexuales”.

Aunado a lo anterior, este Organismo Nacional mantiene relación con aproximadamente 208 organizaciones civiles especialistas en VIH y sida, con las que colabora en distintos niveles, las cuales en muchas ocasiones se han convertido en el pulso de la situación del VIH y el sida en México.

Con la finalidad de contar con un mejor panorama sobre la violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH, el Programa cuenta con una base de datos en la que con fines estadísticos y derivado de la información proporcionada por la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia se registran las quejas que se atendieron en la CNDH por año, las entidades federativas donde se cometió la presunta violación, las autoridades presuntamente responsables y el hecho violatorio. Así tenemos que en 2017, se registraron un total de 76 quejas relacionadas con VIH o sida, siendo el principal hecho violatorio el omitir suministrar medicamentos.