La situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en México La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal, y diversos instrumentos internacionales, establecen reglas de aplicación general y una serie de principios y prácticas universalmente reconocidas respecto del tratamiento de las personas privadas de la libertad, en las cuales prevalece la observancia, protección y garantía de sus derechos humanos. Desde su creación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha considerado el tema como prioritario; en diversos momentos, a través de la emisión de Recomendaciones Particulares, Recomendaciones Generales, Informes Especiales, Pronunciamientos y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario, la CNDH ha señalado la necesidad de implementar acciones que garanticen las condiciones idóneas de internamiento y estancia digna, para la atención de la salud, para el desarrollo de habilidades labores y gocen de una atención integral considerando también cada una de las necesidades específicas de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad conforme a un enfoque diferencial y especializado que les permitan acceder a una efectiva reinserción social. En los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 , llama la atención y preocupa profundamente a este Organismo, las condiciones detectadas en los centros penitenciarios que durante varios años no habían sido supervisados por este Organismo Nacional, constatando un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades penitenciarias, gobiernos estatales, municipales y corresponsables en la materia inobservando lo mandatado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Incluso, las personas privadas de la libertad indicaron durante las supervisiones que, tampoco habían sido frecuentadas ni asistidas por años por personal de los Organismos Protectores de Derechos Humanos locales para la observancia, protección y defensa de sus derechos humanos, lo que por tanto, se ve reflejado en los resultados obtenidos con respecto a sus derechos a una habitabilidad digna, en deficientes áreas de higiene e insuficiencia de agua potable y servicio de drenaje, alumbrado y ventilación suficiente, infraestructura y mobiliaria deteriorada, en deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada traducida en deficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos; a espacios destinados específicamente para sostener contacto con el exterior, con su defensa, para cumplir una sanción administrativa y/o para su clasificación y observación; a las fallas en los servicios de telefonía pública; a una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas; en inexistentes áreas médicas debidamente equipadas y diferenciadas con respecto a recibir atención médica de acuerdo a su género; en inexistentes áreas deportivas, laborales o culturales; sin el personal debidamente capacitado asignado en las áreas técnicas e insuficiente personal de guardia y custodia. Otro tema vigente en la CNDH se refiere a la situación de los menores de edad en conflicto con la ley penal que se encuentran sujetos a internamiento, ya que es un grupo que requiere un tratamiento especializado en el que se debe procurar garantizar los medios necesarios para su reintegración familiar y social, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales , y que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, señaló situaciones relacionadas con el trato, condiciones de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas y falta de personal especializado; deficiencias en la alimentación; problemas de gobernabilidad, privilegios; así como inapropiada separación y clasificación, entre otros, las cuales contravienen diversas normas nacionales e internacionales que vulneran los derechos humanos de las personas adolescentes alojadas en los centros de tratamiento interno. Anexo Diagnóstico completo Objetivos y fundamento normativo para la protección, defensa y observancia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad En términos de los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 6, de la Ley que rige su actuación; 9 y 61, de su Reglamento Interno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene entre sus atribuciones la de conocer de quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal. Particularmente, a través de la Tercera Visitaduría General, se proporciona atención a todas aquellas quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las personas privadas de la libertad en Centros Federales de Readaptación Social. Además, en atención a lo dispuesto en el artículo 6°, fracciones VII, IX y XII, de la Ley que le rige, también tiene atribuciones para supervisar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, con el propósito de identificar y observar principalmente, como se respeta, protege y garantiza por parte de las autoridades penitenciarias los derechos humanos de las personas privadas de la libertad a partir cinco rubros que engloban fundamentalmente, los derechos a la integridad personal, a la salud, a una habitabilidad y vida digna, a una reinserción social efectiva desde el momento en que ingresa al centro, a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación. Para tal fin, este Organismo Autónomo cuenta con una metodología estructurada, que concluye con la elaboración de un Diagnóstico Anual denominado “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)”, mismo que se da a conocer a las diversas autoridades competentes a nivel Federal, Estatal y Militar, con el objetivo de que éstas puedan orientar políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros penitenciarios del país. Asimismo, en concordancia con el artículo 15, fracción VIII, de la Ley se formulan propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, a través de Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos. Medidas Cautelares emitidas para salvaguardar los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad Conforme a lo previsto en los artículos 40, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 116 y 117, de su Reglamento Interno, la Comisión Nacional tiene la facultad de requerir medidas precautorias o cautelares a fin de que las autoridades lleven a cabo acciones de conservación o restitutivas, según lo requiera la naturaleza del asunto, para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación en agravio de las personas privadas de la libertad. Así como, solicitar la modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron. En el año que se reporta, se dirigieron 12 medidas precautorias o cautelares a diversas autoridades del ámbito penitenciario federal y estatal, motivadas principalmente por hechos violatorios relacionados con el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Centro Penitenciario donde se dirigieron las Medidas Cautelares Número de Medidas Cautelares Emitidas Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”, Ocampo, Guanajuato 2 Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”, Villa Comaltitlán, Tapachula, Chiapas 1 Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos" 1 Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS "Michoacán", Buena Vista, Tomatlán, Michoacán. 2 Centro Federal de Readaptación Social No. 18 "CPS Coahuila", Ramos Arizpe, Coahuila 3 Centro Penitenciario Femenil Tanivet, Oaxaca 1 Centro de Reinserción Social de San Miguel 1 Centro de Reinserción Social de Apodaca 1 Total 12 Atención Telefónica Gratuita para Personas Privadas de la Libertad y sus Familiares En continuidad a las acciones para mejorar la atención a las víctimas y posibles víctimas a los derechos humanos en los Centros Penitenciarios Federales y del resto de la República Mexicana, a través de la línea telefónica 800 719 24 79 disponible, en 2022, visitadoras y visitadores adjuntos brindaron asistencia a 540 personas, de estas, 487 recibieron información sobre derechos humanos, sobre información respecto del curso de su escrito presentado ante la CNDH, sobre la tramitación de expediente, o bien, información para presentar una queja en la CNDH; a 37 personas se les proporcionó orientación jurídica, mientras que 16 de las llamadas registradas derivaron en un acta circunstanciada. Atención Tel. Columna: Atencion Telefónica Verificación servicio telefónico en el C. P. R. S. Chalco, durante la Visita de Supervisión para la elaboración del DNSP 2022 Atención IN SITU en CEFERESOS a Personas Privadas de la Libertad En consecución a la implementación de acciones de solución inmediata para mejorar el nivel de atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su respuesta a la sociedad, actualmente, por conducto de la Tercera Visitaduría General se cuenta con visitadoras y visitadores adjuntos in situ en 11 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), distribuidos en 10 estados de la República, a saber CEFERESO Núm. 1 en el Estado de México, CEFERESO Núm. 5 en Veracruz, CEFERESO Núm. 11 en Sonora, CEFERESO Núm. 12 en Guanajuato, CEFERESO Núm. 13 en Oaxaca, CEFERESO Núm. 14 en Durango, CEFERESO Núm. 15 en Chiapas, CEFERESO Núm. 17 en Michoacán, CEFERESO Núm. 18 en Coahuila, además del CEFERESO Núm. 16 y Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ambos ubicados en el Estado de Morelos. A partir de lo anterior, a través de la presencia permanente de visitadoras y visitadores adjuntos en los CEFERESOS en operación, se pretende privilegiar el contacto directo con personas privadas de la libertad en los centros federales de readaptación social y sus familiares, con el propósito de: Con esa visión, los días 27, 28 y 29 de abril de 2022, las visitadoras y visitadores adjuntos in situ en CEFERESOS, participaron en las siguientes actividades: Reunión de Trabajo para homologar los criterios y establecer líneas de acción para la atención de las personas privadas; conocer los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 y discutir aspectos generales y particulares de los Centros Federales con presencia in situ de la CNDH. Generación de un espacio de comunicación y retroalimentación con las y los visitadores adjuntos encargados de la tramitación de expedientes en oficinas centrales. Taller sobre los Derechos Humanos del grupo de atención prioritaria LGBTTTIQ+. Taller sobre la elaboración de actas circunstanciadas y documentación de violaciones a derechos humanos, con base en criterios y estándares internacionales. Asimismo, del periodo que comprende del 5 al 7 de diciembre de 2022 se llevó a cabo una Jornada de Capacitación para los las visitadoras y visitadores adjuntos in situ en CEFERESOS, donde se abordaron los siguientes temas: Acceso a la Justicia de personas con discapacidad, Protocolo de detección e intervención de la conducta y riesgo suicida en personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Personas con discapacidad psicosocial en centros de reclusión, Uso de la fuerza y tortura, capacitación relacionada con atención inmediata de personas privadas de la libertad. Programa de Atención In situ en Centros Federales de Readaptación Social Como resultado de estas acciones, en 2022, se dio atención a 2,916 peticiones de personas privadas de la libertad, las cuales derivaron en 1,033 gestiones administrativas, 2,066 relacionadas con la atención médica y 419 sobre asesoría legal. Además, a fin de hacer más eficiente el trámite de folios y/o expedientes en investigación, se mantiene el contacto y comunicación cercana con la población penitenciaria, es así como con la intervención de las visitadoras y los visitadores adjuntos in situ en los CEFERESOS se dio atención a 2,712 folios y/o expedientes recibidos en oficinas centrales. Reunión de Trabajo 27-29 septiembre 2022 Visitadores Adjuntos In Situ Atención de Expedientes de Presuntas Violaciones a DDHH, Orientación y Remisión En 2022, la CNDH, registró un total de 2,735 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos principalmente relacionadas con acciones u omisiones cometidos en agravio de personas privadas de la libertad en centros federales de readaptación social, mismas que representan un total de 18,529 personas quejosas y/o agraviadas; las cuales, con respecto al año anterior, registran más quejas recibidas en un 77%. Expedientes 2021 2022 Columna: Expedientes Registrados Indicándose que la mayor incidencia de quejas se registra en los Centros Federales ubicados en los estados de Durango, Chiapas y Coahuila, Morelos y Oaxaca. Incidencias Centros Federales Columna: Incidencia de Quejas Derivado de lo anterior, con el propósito de dar atención oportuna a las quejas presentadas, se realizaron diversas entrevistas a los agraviados y se obtuvo información y documentación de los casos, destacando la presencia de servidoras y servidores públicos de la CNDH en los operativos realizados en los CEFERESOS, Núm. 17 en Michoacán y Núm. 15 de Chiapas, realizados del 10 al 12 de junio y del 10 al 12 de agosto, respectivamente. Por otra parte, los días 30 de septiembre y del 3 al 6 de octubre, se realizó una brigada de atención al CEFERESO Núm. 16 Femenil ubicado en el Estado de Morelos, a fin de brindar atención a la situación de emergencia de las mujeres privadas de la libertad en dicho centro, derivado de un cuadro de intoxicación masiva de la población femenil. En el año se registraron un total de 49 diligencias a Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS): Establecimiento Núm. de Diligencias Centro Federal de Readaptación Social Núm. 1, Estado de México 3 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 4, Nayarit 3 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 5, Veracruz 8 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 8, Sinaloa 1 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 12 "CPS", Guanajuato 1 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 13 "CPS", Oaxaca 6 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 14 "CPS", Durango 6 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 15 "CPS", Chiapas 6 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 16 Femenil, Morelos 8 Centro Federal de Readaptación Social Núm. 18 "CPS", Coahuila 6 Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos 1 Total 49 Presencia CNDH operativo realizado en el CEFERESO 17 en Michoacán Presencia CNDH operativo realizado en el CEFERESO 15 en Chiapas Por otra parte también se realizaron visitas a otros establecimientos para dar atención y seguimiento a los expedientes en trámite: Establecimiento Núm. de Diligencias Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 1 Centro de Reinserción Social "Duport Ostión" de Coatzacoalcos 2 Centro Penitenciario Varonil Tanivet 1 Centro de Reinserción Social Pachuca 1 Centro de Reinserción Social de Tula de Allende 1 Centro de Reinserción Social Tulancingo 1 Centro de Reinserción Social de Villa de Etla, Oaxaca 1 Centro de Reinserción Social Hermosillo Núm. 1 2 Comisión Estatal del Centro Penitenciario de Querétaro 2 Centro de Reinserción Social de Apodaca 2 Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 1 Comisaria de Sentenciados de Puente Grande 1, Jalisco 1 Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, de la Ciudad de México 2 Total 18 Así, en el 2022, del total de quejas registradas, se determinaron un total de 2,122 expedientes, cuyas causales de conclusión fueron: Causales exp Columna: Expedientes Por otra parte, también se realizaron 1,388 remisiones a Organismos Públicos de Derechos Humanos; 623 orientaciones directas, lo que representó un total de 5,221 personas atendidas. Además, fueron atendidos 116 recursos de inconformidad, de los cuales 114 se desestimaron o infundaron principalmente por no cumplir con los requisitos legales contenidos en los artículos 56, 57, 61, 62, 63, y 64, de la Ley de la CNDH, mientras que dos expedientes fueron concluidos por acumulación. Informes Especiales para la protección, defensa y observancia de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad Informe Diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad desde un Enfoque Interseccional En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 30 de marzo de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llevó a cabo la presentación del Informe Diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad desde un Enfoque Interseccional. La presentación del Informe Diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad desde un enfoque interseccional que, en 2021, se llevó a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos. En la presentación, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra manifestó que dicho informe tiene como propósito deconstruir estigmas y la toma de decisiones en la política penitenciaria, que resultan de una visión paternalista y patriarcal. En el evento se tuvo la presencia de la Directora General de Estadística, Información y Formación en Género del Instituto Nacional de las Mujeres, además durante la presentación, participaron en forma remota, los sistemas penitenciarios de todo el país, y en algunas entidades se transmitió el evento en los centros femeniles, a fin de que las mujeres privadas de la libertad conocieran el contenido del informe, en el que se hace énfasis en las causas estructurales de la discriminación que viven las mujeres en los centros penitenciarios, que son pensados y diseñados para hombres prioritariamente y sin considerar las necesidades específicas de las mujeres en relación con su derecho al trabajo, la educación, la cultura, así como la maternidad y la lactancia. Se retomaron las voces de los testimonios de vida de las mujeres privadas de la libertad para conocer sus condiciones en los centros penitenciarios de todo el país, destacando que aquellos en los que son anexos presentan importantes déficits de infraestructura y servicios que atiendan las necesidades de las mujeres, pero también que garanticen el derecho a la reinserción social que se ve afectado por la ausencia de espacios educativos, laborales y de capacitación. Por primera vez, el Informe se centró en aspectos del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, con un enfoque de reconocimiento a las opresiones que viven por su origen étnico, vivir con alguna discapacidad, la maternidad, la edad, la orientación sexual y la expresión de su género, así como el nivel educativo cuyas características encuentran con la violencia vivida que viven las mujeres y que es ejercida por parte de sus parejas, sus familias e incluso en el ámbito laboral, y que guarda relación en muchos de los casos con los tipos de delitos por los que se encuentran procesadas y sentenciadas. También, se hizo énfasis en que las mujeres privadas de la libertad viven un “doble castigo”; mientras que para los hombres hay un castigo por la transgresión de la norma, en el caso de las mujeres se les criminaliza y se les sanciona con el abandono familiar, viviendo así no solo la pena privativa de la libertad sino el castigo “moral y social” de la familia y la comunidad por infringir las normas. El informe se realizó con base en la metodología feminista que aplicó una herramienta de investigación, recabó información documental, envió y recibió respuesta a solicitudes de información a los sistemas penitenciarios estatales, federal y militar, y que proporcionaron datos acerca de la infraestructura disponible en los centros para atender a las mujeres, así como sus hijos e hijas. Además, el Informe logró visibilizar las causas estructurales de la violencia y discriminación en agravio de las mujeres privadas de la libertad en México, por trato desigual en su reclusión, por la falta de centros femeniles en varios estados de la República, además de identificar los ámbitos en los que se manifiesta y reproduce la falta, insuficiencia o deficiencias en el acceso a servicios básicos, lo que afecta de manera directa en su habitabilidad y estancia digna, a fin de invocar la generación de acciones que garanticen plenamente sus derechos humanos como un imperativo real e impostergable en los centros mixtos y femeniles en los que se encuentran internas. La apuesta metodológica innovadora del informe que desde la investigación, documentación y enfoque rompe con el modelo de análisis anterior que se realizaba a partir del “patrón de la semejanza” en el que se define la condición de las mujeres privadas de la libertad con base en el parámetro masculino, las características y necesidades del hombre como paradigma de lo humano, y que servían como argumento de la violencia estructural e institucional para menoscabar las condiciones mínimas para la estancia, y que se traducen en violaciones a todos los derechos de las mujeres. A través de este Informe Diagnóstico, la CNDH pretende generar el involucramiento de todas las autoridades, no solo penitenciarias, entendiéndose que es una tarea de todas las instituciones que conforman el Estado Mexicano asumir y promover de manera urgente y progresiva el cumplimiento de garantizar a las mujeres internas sus derechos humanos a partir de la adopción de acciones y medidas que les permita acceder a una igualdad sustantiva en relación con los hombres privados de la libertad, a fin acabar con el sesgo androcéntrico que alienta y reproduce la invisibilización de las mujeres. Pronunciamiento para la acción de medidas urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo El 16 de febrero de 2022, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como parte de sus atribuciones constitucionales, presenta el Pronunciamiento para la acción de medidas urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del cual, este Organismo hace un llamado a todas las autoridades que, en el ámbito de su competencia, deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad. Al respecto, la CNDH ha estado presente y se ha pronunciado sobre el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, principalmente tratándose de su derecho a elegir respecto de su cuerpo, de sus derechos sexuales y reproductivos, y a que no se les criminalice respecto de su derecho a interrumpir su embarazo; no cumplir con tales obligaciones, constituye violaciones a sus derechos humanos y trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad al anular su derecho a decidir y a su derecho a vivir una vida libre de violencia. Por ello, a partir de la resolución emitida, en septiembre de 2021, por la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, la CNDH observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto o de delitos análogos, de acuerdo con las legislaciones estatales, que en el fondo penalizan o penalizaron la conducta relativa a la interrupción del embarazo. Así, durante el mes de octubre de 2021, se realizaron solicitudes de colaboración al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (CEFERESO), en específico, al CEFERESO Núm.16; así como, a las 32 autoridades de los sistemas penitenciarios estatales del país, para conocer las acciones sustantivas que se han realizado, y/o que se están implementando, para dar debida atención al criterio emitido por la SCJN, en el que se albergan a mujeres susceptibles a ser beneficiadas respecto del alcance y efectos de dicha sentencia. En las respuestas emitidas tanto de los sistemas penitenciarios a nivel federal como estatales, se observó discordancia en la información brindada, puesto que dichas instancias manifestaron que, debido a la inexistencia de mujeres privadas de la libertad por ese delito, la autoridad no había realizado acciones para brindar información a las personas privadas de la libertad de la sentencia emitida. Por su parte, solo el sistema penitenciario del estado de Oaxaca informó el caso de una mujer privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Tlacolula, por el delito de aborto, entre otros, quien ingresó en el 2018, encontrándose a disposición del Juzgado de Control del Circuito de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tanto que, a través de información de otras fuentes citadas en el pronunciamiento se alerta sobre la posible existencia de mujeres en reclusión por tales delitos. La trascendencia de solicitar, reunir, analizar y dar a conocer la presente información por parte de esta CNDH es para que cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, a la luz de esa resolución, realicen acciones conjuntas urgentes que permitan identificar a todas las mujeres que se encuentran enfrentando un proceso o una sentencia en prisión por la comisión de ese delito a fin de que accedan a la interposición de recursos legales que de manera pronta les permita obtener su libertad, con base en el criterio de la SCJN, y con ello avanzar hacia la más amplia protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en torno a la comisión de dichos delitos. Este pronunciamiento, se urge al impulso de reformas, modificaciones y/o derogaciones en torno de aquella normatividad contenida en legislaciones de las entidades federativas del país que aún son regresivas y que fueron conformadas a partir de una visión machista y patriarcal, mismas que deben transitar a nuevo paradigma, con perspectiva de género, que permitan sin restricciones de carácter sanitario y/o penales acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre de violencia institucional y conforme a servicios sanitarios de calidad a la interrupción del embarazo en beneficio de las mujeres sin discriminación alguna sin importar edad, estado civil, nivel socioeconómico, educativo, religión, origen étnico, cultura, orientación y/o preferencia sexual y o con motivo de cualquier otra causa, a la luz de lo establecido en el artículo 1° Constitucional. Es por ello que, este Organismo observa con apremio que, en tanto los Congresos locales no realicen los trabajos legislativos correspondientes a fin de despenalizar el aborto y a regular el derecho de objeción de conciencia, las mujeres que viven en diversas entidades del país, en las que se criminaliza la interrupción del embarazo y se estigmatiza la prestación de servicios médicos ante aquellos casos en los que, incluso, se los admite la propia norma, seguirán enfrentando una persecución por esa decisión o, en contrario, las seguirá orillando a practicarse abortos clandestinos con los riesgos que ello implica para su salud y su vida. Para esta Comisión Nacional es sumamente preocupante que, mujeres se encuentren posiblemente enfrentando procesos o sentencias en centros penitenciarios del país, mayormente en aquellos estados donde se conjuntan contextos arraigados de pobreza, marginación, falta de acceso a servicios médicos, a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, a una cultura patriarcal y/o religiosa. Con base en lo anterior, este Organismo Nacional solicita a diversas autoridades en la materia, a nivel estatal y federal, que realicen acciones en favor de las mujeres privadas de la libertad que enfrentan un proceso o han sido sentenciadas por el delito de aborto y/o delitos análogos para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos en observancia a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro persona y no discriminación. Pronunciamiento sobre la garantía de acceso a métodos anti fecundativos regulares, de emergencia y la interrupción legal/voluntaria del embarazo a las mujeres privadas de su libertad prioritariamente a víctimas de violencia sexual en nuestro país El 28 de septiembre, en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, se emitió el Pronunciamiento sobre la garantía de acceso a métodos anti fecundativos regulares, de emergencia y a la interrupción legal y voluntaria del embarazo a las mujeres privadas de su libertad, prioritariamente a las víctimas de violencia sexual en nuestro país , en este documento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades penitenciarias federales, estatales y militar, a las de salud, del Instituto Nacional de las Mujeres y de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, así como de las Comisiones de Atención a Víctimas y sus análogas en los estados, a garantizar a las mujeres en reclusión el acceso efectivo y oportuno a métodos anti fecundativos, de emergencia, y en su caso, a la interrupción del embarazo conforme al marco normativo de cada entidad del país, que admite causales de exclusión para acceder al aborto legal y seguro. El pronunciamiento tiene el objetivo de impulsar la integridad, la salud y la vida de las mujeres, muy en particular de las mujeres en reclusión y de mujeres adolescentes en internamiento, que soliciten métodos anticonceptivos, de emergencia o de interrupción tras haber enfrentado algún escenario de violencia sexual, pues la CNDH ha documentado casos de obstaculización, negativa o limitación de acceso a dichos servicios estando en prisión, lo que se ha traducido en embarazos no deseados. Por tal motivo, la CNDH considera fundamental combatir y eliminar los prejuicios y estigmas que, basados en el género, en la preferencia sexual o identidad de género de las personas, han provocado contextos de violencia institucional al interior de los centros penitenciarios o especializados de internamiento donde se albergan mujeres. Ante este escenario, es fundamental la plena garantía del respeto de sus derechos a decidir, a su autonomía, al libre desarrollo de su personalidad, así como del ejercicio pleno de sus derechos a la salud, a la salud sexual y reproductiva y al acceso a información oficial, clara, suficiente y actualizada en la materia, a fin de asegurar al máximo su calidad de vida. Así como evitar la negación de la interrupción legal/voluntaria del embarazo, que en casos de violencia sexual es equivalente a tortura por la negativa del servicio por parte de agentes del estado. Informe Especial que presenta la CNDH en seguimiento a la implementación del Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Estado de Hidalgo para el Proceso Electoral 2021-2022 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en seguimiento al Informe Especial Sobre la Implementación del “Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral 2020-2021”, y con motivo del Acuerdo INE/CG1792/2021 emitido por el Consejo General del INE, en el que se aprobaron los Lineamientos y Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el estado de Hidalgo, para que personas en prisión preventiva emitieran su sufragio en las elecciones celebradas durante el año 2022 para la elección de Gobernatura, determinó estar presente in situ y a través de solicitudes de información en la celebración de los comicios anticipados llevados a cabo en los Centros Estatales de Reinserción Social de Pachuca, Tula de Allende, Tulancingo y de la Huasteca Hidalguense, que fueron elegidos para tal efecto. Lo anterior, permitió que tras el análisis de la información obtenida por este Organismo, se rindiera el “Informe Especial en Seguimiento a la Implementación del Modelo de Operación del Voto de las personas en prisión preventiva en el estado de Hidalgo para el Proceso Electoral 2021-2022” , a través del cual se da cuenta de las acciones que se llevaron a cabo para la celebración de este ejercicio democrático en esa entidad, los resultados obtenidos y cómo se garantizaron los derechos humanos, en particular, los derechos políticos electorales en relación al derecho a ejercer su voto a las personas que enfrentan su proceso en prisión. Por lo que dicho Informe, da a conocer una serie de conclusiones a considerarse por los diversos actores e instituciones involucradas en la materia, a partir de la experiencia obtenida en los comicios anticipados llevados a cabo en el estado de Hidalgo, que permitan respetar, proteger y garantizar eficazmente los derechos humanos de las personas en prisión preventiva de frente a las elecciones a celebrarse en el año 2024, en las que se prevé una mayor participación de estas personas en diversas entidades del país. Recomendaciones particulares y de violaciones graves dirigidas a la Autoridad Penitenciaria sobre violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad En el año 2022, se dirigieron 14 recomendaciones particulares respecto de la comprobación de violaciones a derechos humanos en agravio de personas privadas de la libertad y cuatro recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Recomendaciones particulares dirigidias a la Autoridad penitenciaria sobre violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad Recomendación 17/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre la falta de adecuado seguimiento de atención médica especializada y tratamiento oportuno, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de V en el Centro Federal de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora. Recomendación 24/2022 Autoridad Destinataria Gobernador del Estado de Nayarit Asunto Sobre el caso de V, privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, quien vive con VIH y se le negó su derecho a contraer matrimonio por padecer dicha enfermedad, lo que vulnera sus derechos humanos a formar una familia, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de acceso a la información con respecto al derecho a la salud y de quienes se encuentran en una condición similar derivada de la actual regulación legislativa de la entidad en la materia. Recomendación 34/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre la falta de adecuado seguimiento de atención médica especializada y tratamiento oportuno, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de V en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit. Recomendación 49/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud en relación con el acceso al más alto nivel de salud física y mental en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social, en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Recomendación 54/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Fiscal General del Estado de Morelos Asunto Sobre el caso de discriminación en el acceso del más alto nivel posible de salud física y mental; tortura por discriminación e investigación ministerial sin perspectiva de género del suicidio de una mujer privada de la libertad con discapacidad psicosocial que hasta el momento de los hechos permaneció en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16, CPS Femenil, en Coatlán del Río, Morelos. Recomendación 78/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Procurador Federal del Consumidor Asunto Sobre el incremento de los precios de los productos que se ofrecen en el servicio de tienda en los CEFERESOS, lo que vulnera los derechos humanos a la no discriminación, a la seguridad jurídica y a la legalidad de las personas privadas de la libertad. Recomendación 86/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre el caso de violación a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad con relación a la vida privada, así como al de identidad de género, personalidad jurídica y libertad de expresión en agravio de V1 Y V2, Personas transgénero privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y el similar en Ocampo, Guanajuato, respectivamente. Recomendación 107/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Fiscal General del Estado de Chihuahua. Asunto Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la protección a la salud, integridad personal y vida de v1, quien se encontraba privado de la libertad en el desincorporado Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Juárez, Chihuahua y la omisión de brindar seguimiento psicológico y psiquiátrico a V2 cuando estuvo privado de la libertad en el similar en Ramos Arizpe, Coahuila; así como al derecho a la verdad y acceso a la justicia en agravio de QVI por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Recomendación 129/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre el caso de violación al derecho a la salud en relación con el acceso al más alto nivel de salud física y mental en agravio de personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Villa Comaltitlán, Chiapas y Ramos Arizpe, Coahuila; así como en el Centro Federal De Readaptación Social Femenil en Coatlán del Río, Morelos, derivado de la insuficiencia de personal de salud para su atención. Recomendación 149/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre el caso de violación al derecho a la salud en relación con el acceso al más alto nivel de salud física en agravio DE V1, V2, V3 y V4, personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Gómez Palacio, Durango, así como del resto de la población penitenciaria de ese centro federal, derivado de la insuficiencia de personal de salud para su atención médica integral. Recomendación 190/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre el caso de violación al derecho al trato digno, a la integridad y seguridad personal, así como al acceso a la justicia y a la verdad en agravio de v, persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Núm. 18 en Ramos Arizpe, Coahuila. Recomendación 213/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre el caso de violación al derecho al contacto con el exterior y de derechos consulares de las personas privadas de la libertad de nacionalidad extranjera en los Centros Federales de Readaptación Social. Recomendación 214/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Asunto Sobre la violación a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica por la imposición de castigos injustificados, inadecuadas condiciones de habitabilidad, así como falta de atención y tratamiento médico en agravio de V1, V2, V3, V4, V5 y V6 personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Núm. 11 en Hermosillo, Sonora. Recomendación 232/2022 Autoridad Destinataria Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León Asunto Sobre la violación al derecho al trato digno e integridad personal por uso excesivo de la fuerza y actos de tortura a consecuencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad, así como al derecho a la reinserción social, seguridad jurídica, legalidad y al acceso a la justicia y a la verdad en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Núm. 1 Norte en Apodaca, Nuevo León. Por su parte, cabe destacar, que derivado de las acciones de incidencia realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la emisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y el fortalecimiento de la vinculación con las autoridades, el Congreso del Estado de Morelos, el a fin de dar cumplimiento a la Recomendación 35/2021, la cual fue dirigida a los 32 gobiernos estatales de la República Mexicana, asignó recursos dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023, para el suministro de producto de higiene y gestión menstrual para la mujeres privadas de la libertad en la Entidad. Al respecto, también el Congreso de Coahuila, adicionó el artículo 100 Bis a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción de la entidad coa186.pdf (congresocoahuila.gob.mx), el cual contempla la obligación de las autoridades penitenciarias, promover los derechos relativos a la higiene menstrual de las mujeres privadas de la libertad, dichas reforma incluyen el acceso al agua, saneamiento y servicios sanitarios; también insumos y materiales adecuados, aceptables y asequibles necesarios, así como instalaciones seguras, privadas y adecuadas que les permita usar, cambiar y desechar los materiales menstruales. En ese mismo, sentido se hicieron adecuaciones a la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en favor de las mujeres adolescentes en internamiento. Recomendaciones dirigidas a la Autoridad Penitenciaria sobre violaciones graves a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad Recomendación 51VG/2022 Autoridad Destinataria Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Asunto Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual, al trato digno, a la no discriminación y a una vida libre de violencia cometida por policías ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz; así como, al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la seguridad jurídica en agravio de V por parte de personas servidoras públicas de la fiscalía general de justicia del estado de Veracruz y de la secretaría de seguridad pública de esa entidad federativa. Recomendación 55VG/2022 Autoridad Destinataria Gobernador del Estado de Oaxaca Asunto Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos por tratos crueles, inhumanos y degradantes al ejercer prácticas de trabajo forzoso, así como de la violación al derecho a la reinserción social efectiva en el marco de sus ejes rectores en agravio de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet en el Estado de Oaxaca y de sus hijos y/o hijas que viven con ellas, lo que les impide tener una vida digna. Recomendación 60VG/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Fiscal General de la República. Asunto Sobre el caso de violación grave a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, así como a la seguridad jurídica, a la legalidad y el acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de V, persona ex privada de la libertad en el centro federal de readaptación social Núm. 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Recomendación 75VG/2022 Autoridad Destinataria Comisionado de Prevención y Readaptación Social Guardia Nacional Asunto Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de tortura, a la reinserción social en el marco de sus 5 ejes rectores, seguridad jurídica y a la legalidad en correlación al derecho al acceso a la justicia y la verdad, en agravio de V1 A V672, personas privadas de la libertad en el centro federal de readaptación social en Gómez Palacio, Durango; y del derecho a la información a sus familiares. Acciones de promoción y vinculación para el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad Como parte de las acciones fortalecimiento en favor de las personas privadas de la libertad, en 2022, se tuvo presencia en la campaña denominada “Tururú: la CNDH en el Metro”, la cual se realizó en colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). En dicha campaña, adicional a la orientación brindada por parte de las y los visitadores adjuntos en relación con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, se colocó una muestra artesanal de diversos objetos realizados en diversos centros penitenciarios a nivel nacional, lo cual constituye un trabajo de difusión en cuanto a reinserción social. Así también, se tuvo participación en la Tercera Reunión del Comité Técnico Consultivo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se llevó a cabo la presentación del Programa de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, el cual tiene como objetivo dignificar las condiciones de vida de las personas en el Sistema Penitenciario Federal, en donde se destacó que el programa atiende las recomendaciones del diagnóstico elaborado por la CNDH e impulsa la modificación de prácticas administrativas y legales, así como las garantías de no repetición; a la par, se tuvo participación en la Primera Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales en la que se llevó a cabo la revisión de las mesas de trabajo de las Subcomisiones de Salud, Cultura, Deporte. Asimismo, a fin de dar seguimiento a la implementación del Programa de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, se realizó una reunión de trabajo y análisis, que contó con la participación de 14 organizaciones de la sociedad civil, representantes de organizaciones internacionales y de la academia, así como autoridades de la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana. Igualmente, se participó en la Primera Reunión del Grupo de Colaboración en materia de Sistema Penitenciario, donde se presentó la información relativa a indicadores de ENPOL, registros administrativos y proceso de recolección de datos sobre las personas privadas de la libertad, así como la Encuesta Nacional de Adolescentes. También, se tuvo presencia en la Primera y Segunda Reuniones Ordinarias del Comité Técnico Especializado del Sistema Penitenciario (CTEISIPE), el cual tiene como finalidad generar información estadística relevante con representación nacional y por región, sobre los adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran dentro del sistema de justicia penal, así como generar estimaciones sobre las características de vida en internamiento. Por su parte, con el propósito de explorar retos y buenas prácticas nacionales e internacionales acerca de trabajo penitenciario, se sostuvo una reunión de trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), además de asistir a la Presentación de los resultados obtenidos en la evaluación sobre “Estándares Avanzados del Sistema Penitenciario en México”, UNAPS-UNODC. De la misma forma, se tuvieron reuniones de trabajo con la Organización No Gubernamental “Ballet Teletón”, para conocer el programa "LibertArte", el cual es un programa de danza, estimulación temprana, mindfulness y psicología dirigido a la primera infancia en contextos adversos y/o mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y/o con hijos viviendo dentro de un Centro Penitenciario; con la Organización No Gubernamental Justicia Juvenil Internacional a fin de entablar un diálogo en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal y sus derechos humanos; así como con autoridades del Gobierno del Estado de Baja California, para el seguimiento de recomendaciones y el fortalecimiento del trabajo en materia penitenciaria y mejoramiento de las condiciones de internamiento de las mujeres privadas de la libertad. Asimismo, se tuvo participación en la Presentación del Modelo Integral en Internamiento de Reinserción de Social por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua en el marco de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Reinserción del Estado, en la que también asistieron autoridades penitenciarias, jueces de ejecución y del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Chihuahua; así como en la instalación de la Comisión Intersecretarial de Ejecución Penal y la Comisión Intersecretarial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de Baja California y en el acto inaugural del Ciclo de Conferencias Nelson Mandela sobre el respeto y la Observancia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, organizado por la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Querétaro; así como en el 1.er. Festival Iberoamericano de la Libertad, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México Por su parte, el 25 de agosto a las 17 horas, en el Programa “Defendemos al Pueblo”, se llevó a cabo un diálogo sobre la Acción de Inconstitucionalidad 98/2022, a fin de dar certidumbre y herramientas legales sobre el tema de deudores alimentarios; además se tuvo participación en la realización del Foro de diálogo respeto y protección del derecho a la igualdad y no discriminación conforme a dicha Acción de Inconstitucionalidad, cuyo objetivo fue promover canales de comunicación y de diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia, personas expertas y defensoras de derechos humanos, para que desde un enfoque de género se analizaran los efectos de las restricciones a los derechos humanos que dieron origen a la promoción de la Acción de Inconstitucionalidad, frente a normas en apariencia neutrales pero restrictivas aprobadas por el Congreso legislativo del estado de Yucatán, que son contrarias a la Constitución Federal. En el diálogo participaron personas que, desde su experiencia penitenciaria y de acompañamiento en el acceso a la justicia para las mujeres, concluyendo que, la prisión para las personas deudoras alimentarias y otras formas restrictivas no abonan a resolver y garantizar el acceso a los alimentos para las acreedoras de esos alimentos. Del mismo modo, se asistió al Panel de Discusión organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, para revisar la importancia de contar un día para visibilizar a la comunidad lésbica; al Programa “Knockout: No tires la toalla”, organizado por el OADPRS y la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, en donde se sostuvo una plática sobre reinserción social, desigualdad y derechos humanos; al Webinar "Los Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión y de sus hijas e hijos", organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con el propósito de revisar el seguimiento a las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); al Conversatorio “Derechos Humanos y Reinserción Social”, organizado por la Organización de la Sociedad Civil “Poliana”; además de asistir a la XXV Asamblea Plenaria Nacional de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, realizada del 11 al 13 de agosto en Boca del Río, Veracruz. En septiembre, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Jefe de del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y con el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, asimismo, se tuvo participación en el Foro “Nuevo Sistema de Justicia Ejecución Penal y Reinserción Social”, organizado por el Senado de la República; en el Programa INL/México de la Embajada de los Estados Unidos, Law Enforcement Security And Exchange Program & Global Ties U.Us y Just Detention International; en la inauguración de Mural elaborado por mujeres PPL en el marco del proyecto "Emocionarte para la Reinserción"; en la Penitenciaria Modelo Dr. Guillermo Colín Sánchez, Estado de México, organizado por la Subsecretaría de Control Penitenciario del Gobierno del Estado de México y la organización social VIRAL MX; además del Seminario de Prevención y Construcción del Plan de Intervención a la Conducto Suicidad PICSEE, realizado en el marco del día mundial para la "Prevención del Suicidio", organizado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Por su parte, el 18 de octubre se tuvo participación en la Instalación de la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Reintegración Familiar y Social de Adolescentes de la Secretaría de Gobernación. Destaca la reunión de trabajo celebrada entre la Mtra. Ma. Del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Lic. Rosa Icela Rodríguez, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para trabajar de manera conjunta en favor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios. En esta reunión estuvieron presentes el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el Secretario Ejecutivo de la CNDH, la Encargada del Despacho de la Tercera Visitaduría General y la Directora General de Supervisión Penitenciaria. Asimismo en noviembre se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Secretario Técnico del Combate a la Tortura del Instituto de Defensoría Pública Federal, en la que también participo el Director Ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el propósito de coordinar acciones en materia de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. De igual forma, se tuvo participación en la Expo Penitenciaria Nacional, organizada por la Coordinación del Sistema Penitenciario de Morelos, la cual tuvo la finalidad de promover y fortalecer el trabajo desde el interior de los centros penitenciarios; en este evento participaron 14 entidades federativas y los Centros Federales de Readaptación Social; en la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en la que se llevó a cabo la Presentación del Protocolo de Atención a la Población LGBTTIQA+ en los Centros Penitenciarios; en la Inauguración de la exposición de obras del Taller de Pintura denominado Trazos de Libertad, elaborada por mujeres privadas de la libertad en el CEFERESO Núm. 16, colocada en el metro Chabacano, de la Ciudad de México, con motivo de los 16 Días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres y Niñas. Así también, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se participó en la Jornada de Mesas de Trabajo "Vivir con VIH: Experiencias Interseccionales desde los derechos humamos”, con la presentación de las necesidades de las personas que viven con VIH en los centros penitenciarios. 16 Días de activismo contra la violencia de género. Las mujeres privadas de la libertad La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH ), como parte de sus atribuciones constitucionales, emitió el Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ). A partir de la determinación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Coahuila , a través de la cual por unanimidad de votos, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. En consecuencia, la CNDH destacó en dicho pronunciamiento, el deber del Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, tratándose de su derecho a elegir respecto de su cuerpo, de sus derechos sexuales y reproductivos, y a que no se les criminalice por su derecho a interrumpir el embarazo; no cumplir con tales obligaciones, constituye violaciones a sus derechos humanos y trastoca su dignidad, proyecto de vida, autonomía, su libre desarrollo de la personalidad al anular su derecho a decidir y a su derecho a vivir una vida libre de violencia. Asimismo, la CNDH observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de libertad que enfrentan procesos o sentencias, por la comisión del delito de aborto o semejantes, según leyes estatales, que de fondo penalizan o penalizaron la interrupción del embarazo. La CNDH solicitó información a autoridades involucradas en el país, para conocer qué ha hecho, para dar debida atención al criterio emitido por la SCJN , en el que consideran a mujeres que pueden ser beneficiadas por el alcance y efectos de la sentencia. De las respuestas emitidas, tanto de sistemas penitenciarios federales como estatales, se observó discordancia en la información, puesto que manifestaron que no hay mujeres privadas de la libertad por ese delito, y la autoridad no había realizado acciones para brindar información a las personas privadas de la libertad de la sentencia emitida. Solo el sistema penitenciario del estado de Oaxaca informó el caso de una mujer privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet , en Tlacolula , por el delito de aborto, entre otros. La CNDH, a través de su pronunciamiento, realizó un llamado a las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, realicen acciones urgentes para identificar a todas las mujeres que enfrentan un proceso o sentencia en prisión por la comisión de ese delito, para que presenten recursos legales que en forma rápida les permita ser libres, a partir del criterio de la SCJN , y avanzar hacia la más amplia protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad. Entrega de material con contenido sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad Se entregaron 9,651 materiales y contenidos a autoridades de los sistemas penitenciarios estatales y los Centros Federales de Readaptación Social, con el propósito de difundir el conocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país. Carteles COVID CEFERESO 15 Trípticos CEFERESO 17 Trípticos CEFERESO 5 Supervisión a Centros Penitenciarios Federales, Estatales y Militares para la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022 En observancia a lo dispuesto en los artículos 6, fracción XII, y 9, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de la Tercera Visitaduría General, se llevó a cabo la supervisión a 254 centros penitenciarios federales, estatales y militares, en donde se aplica la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, misma que sirve de base para la elaboración del Diagnóstico Anual sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios, a fin de constatar las actuales condiciones en las que se encuentran hombres y mujeres privadas de la libertad, así como sus hijas y/o hijos que viven con ellas. En 2022, se determinó que las supervisiones realizadas en este periodo darían continuidad a los centros visitados en la muestra del año inmediato anterior, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, dando seguimiento a los avances realizados por parte de las autoridades penitenciarias a nivel nacional, respecto de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de dichas personas, y dar cuenta de cómo esas condiciones inciden en su calidad de vida en reclusión y en su efectiva reinserción social. Asimismo, en el marco del Plan de Trabajo estructurado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover acciones de mejora y buenas prácticas sobre el respeto a los derechos humanos de las personas privadas, se llevaron reuniones de trabajo con autoridades penitenciarias de los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. Supervisión Penitenciaria al Centro de Readaptación Social Reynosa Supervisión Penitenciaria al Centros de Readaptación de la Ciudad de México Supervisión Penitenciaria CEFERESO 15, Chiapas Supervisión Penitenciaria Prisión Militar No. 1 Ciudad de México Visitas a Centros de Internamiento para Adolescentes en Conflicto con la Ley penal La situación de las personas adolescentes privadas de la libertad por haber infringido las leyes penales es un tema relevante para la CNDH, ya que, debido a su condición de especial vulnerabilidad, dado el internamiento y las características propias de la etapa de desarrollo en la que se encuentran, requieren protección prioritaria para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. De ahí la necesidad de supervisar las condiciones en las que viven, el trato y el tratamiento que reciben, identificar áreas de oportunidad para que dichos espacios tengan la capacidad de proporcionar la atención multidisciplinaria y especializada que requiere este grupo de población, desde el enfoque del interés superior de la adolescencia, lo cual fomente su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Así, durante 2022, la CNDH realizó la supervisión a 53 centros especializados de internamiento para adolescentes que actualmente existen a nivel nacional. Visitas de Supervisión a Centros de Internamiento para Adolescentes en el Estado de Nuevo León. Visitas de Supervisión a Centros de Internamiento para Adolescentes en el Estado de Chihuahua. Visitas de Supervisión a Centros de Internamiento para Adolescentes en el Estado de Guerrero. Emisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria En el marco de lo establecido en los artículos 1, 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6, fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 9, de su Reglamento Interno, el 27 de abril de 2022 se emitieron los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria . En la presentación se contó con la presencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, los titulares y representantes de los sistemas penitenciarios de los estados de Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Guerrero, Morelos, Baja California Sur, Quintana Roo, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México y Nuevo León.
