De acuerdo con diversos diagnósticos e informes, tanto nacionales como internacionales, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en el país incluyen a las mujeres, niñas y niños, personas en contextos de movilidad humana, personas originarias de poblaciones indígenas, y en general, personas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por distintos tipos de tratantes, tanto por quienes forman parte de grupos de delincuencia organizada, como por quienes operan sin una red criminal. 
 
Las cifras y estadísticas en la materia presentan una serie de limitaciones que impiden conocer su magnitud; la principal radica en la falta de homologación por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, tanto en el ámbito federal como estatal, respecto a los criterios de registro y reporte de los casos iniciados por trata de personas. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos contiene más de 20 tipos penales en materia de trata de personas y las autoridades en sus informes no realizan un desglose por modalidad, sino que reportan de manera genérica bajo el rubro “trata de personas”.

Otra limitante es que, dado que los informes y reportes en la materia se basan en las cifras oficiales y la trata de personas es un delito que aún no es del todo comprendido por las instancias de persecución e impartición de justicia, y sobretodo, existen pocas denuncias, es muy probable que su dimensión sea mayor.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reporta en su informe bianual de 2016 que, basándose en las 17,752 víctimas detectadas en 85 países en el 2014, el 71% son niñas y mujeres. Si se analiza la información por edad, las niñas, niños y adolescentes representan el 28% de las víctimas.

En cuanto a las modalidades de explotación por sexo de la víctima, las niñas y mujeres lo son por trata con fines de explotación sexual en un 72%, en los trabajos o servicios forzados en un 20% y por otras formas de explotación en un 8%. Tratándose de niños y hombres, éstos son víctimas de trata con fines de trabajos o servicios forzados en un 85.7%, de explotación sexual en un 6.8% y de otros tipos de explotación en un 7.5%.  
 
En términos regionales, el Informe 2016 de UNODC señala para Norteamérica, esto es México, Estados Unidos de América y Canadá, lo siguiente: 
 
• Los hombres representan el 21% de las víctimas.
• Mujeres y hombres mayores de dieciocho años de edad representan el 81% de las víctimas; niñas, niños y adolescentes, el 19%. 
• En los trabajos o servicios forzados, niñas y mujeres ocupan el 50% de las víctimas; niños y hombres, el 50% restante. 
• Del total de víctimas identificadas, el 55% se encontraba en trata con fines de explotación sexual, 39% en trabajos o servicios forzados y el 6% en otros tipos de explotación. 
• Las niñas y las mujeres son tratadas con fines de explotación mixtos, lo que significa que la misma víctima, lo es tanto de la explotación sexual como de los trabajos o servicios forzados. 
• Durante el periodo de 2012 a 2014, se detectaron víctimas de 93 nacionalidades en esta región. 
• De las personas procesadas por trata de personas, el 68% son hombres y el 32% son mujeres. 
• Del total de personas condenadas, 61% son hombres y 39% mujeres. 

El Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México de la Oficina de Enlace y Partenariado de UNODC en México, publicado en 2014, señala que las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres menores de 18 años de edad y adultas, con niveles bajos de escolaridad o en analfabetismo, en situación de pobreza, con trabajos precarios o en desempleo, con antecedentes de violencia sexual y familiar, con hijos y/o dependientes económicos, solteras, en algunos casos con adicciones o con estancia irregular migratoria en el país. Por su parte, que las víctimas de trabajos o servicios forzados son hombres y jóvenes adultos, particularmente en el trabajo agrícola, sector comercial, bares e industria de la construcción, pertenecientes a comunidades indígenas; que también existen niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, con instrucción académica nula o muy baja, de familias numerosas y algunas personas en contexto de movilidad humana, sobre todo hombres y niños. Por último, destacan que las víctimas en la modalidad de explotación en los trabajos forzosos en el trabajo del hogar se tratan primordialmente de niñas, adolescentes y mujeres de comunidades rurales, en situación de pobreza, analfabetas o con primaria incompleta, de comunidades indígenas y/o migrantes irregulares que por sus características físicas resultan más “redituables” para el trabajo doméstico, que para la trata con fines de explotación sexual.
 
Además de la falta de bases de datos y criterios homologados para sistematizar la información en torno a los datos sobre la persecución e impartición de justicia, el Programa contra la Trata de Personas ha observado que existen otras problemáticas que limitan el acceso de las víctimas a la justicia. A pesar de la existencia de una Ley General en la materia y de un importante número de derechos que en ella se reconocen, su operatividad a nivel federal y estatal es aún limitada; por ejemplo, la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México señala en su Observatorio legislativo que, para el 30 de julio de 2017, 16 entidades federativas no han armonizado sus legislaciones con respecto a la Ley General. Además, en el ámbito federal, no se ha constituido el Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, previsto en la citada ley, vigente desde 2012.

En cuanto al marco programático, se cuenta con el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 que tiene como objetivos la prevención, atención, protección y asistencia a las víctimas; procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas; y la promoción de sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información.

Aunque ambicioso en las acciones planteadas, los indicadores establecidos para cada objetivo no permiten conocer su efectividad; para la prevención se establece como meta capacitar en la materia al 6% de las servidoras y los servidores públicos federales en la temática. Si bien la capacitación resulta importante para la prevención, detección y atención de las víctimas y la persecución del delito, y ha sido recomendada al Estado Mexicano en diversas ocasiones, a la fecha no se ha aprobado un Programa Nacional de Capacitación en materia de Trata de Personas que homologue términos y criterios.

Sobre el marco institucional, a nivel federal se opera la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. La Comisión Intersecretarial cuenta con una instancia colegiada de análisis y opinión, la Subcomisión Consultiva, y con grupos de trabajo en temas específicos.

La representación y participación de las Dependencias y Entidades que forman parte de la Comisión Intersecretarial es disímil y, por tanto, no se asegura una intervención integral al combate de la trata de personas. El nivel de intervención de las distintas Instituciones responde, en muchos casos, al personal que se encuentra a cargo de la temática, más que a una definición y planeación institucional; además, es aún limitada o nula la participación de actores clave.

Además, a pesar de contar con este mecanismo, la vinculación y coordinación interinstitucional ha sido insuficiente, ya que la mayoría de las acciones que se reportan en el marco de la Comisión Intersecretarial responden a la programación de cada una de las instituciones y no a la planeación e instrumentación de una Política de Estado.
 
Si bien se han elaborado en el marco de dicha Comisión tres documentos orientadores: el Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas del Delito de Trata de Personas, el Protocolo de Rescate y Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas y los Lineamientos Generales para la Construcción, Operación y Funcionamiento de Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino, su difusión, institucionalización y sus resultados no han sido evaluados ni dados a conocer. Asimismo, falta concreción en los proyectos que se plantean desde la Comisión Intersecretarial, tales como el Sistema Nacional de Información sobre Víctimas de Trata de Personas (SINTRA), que comenzó a trabajarse desde el año 2014.

En materia de atención y protección a víctimas, el Informe Anual 2015 de la citada Comisión Intersecretarial reportó que, para el periodo de 2009 al 2015, se detectaron e identificaron 1,267 víctimas de trata de personas en los procesos judiciales y sentencias, de las cuales, el 42.2% son personas mexicanas (535), el 7.19% son personas extranjeras (91) y para el 50.59% restante no se cuenta con información sobre su nacionalidad. La falta de registro respecto de 641 víctimas, impide saber si son personas migrantes y, por ende, si se le proporcionó la atención diferenciada que su condición de movilidad requiere; por ejemplo, el derecho a pedir y obtener asilo (condición de refugiado); a no ser recluidas en los centros de detención para inmigrantes, otros centros de detención o refugios para personas sin hogar; a recibir asistencia e información jurídica en un idioma que entiendan; a la protección y asistencia consular; el retorno voluntario asistido, la regularización de su situación migratoria, entre otros.

Asimismo, se informa también que para el 19% de las víctimas del ámbito estatal y el 16% de las víctimas del federal no se cuenta con información de su sexo; de igual manera, no se registra la edad del 32.51% del total de las víctimas. La desagregación de datos relativos a las víctimas, tales como su sexo y edad, ha sido ya una recomendación hecha a México por el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en el Examen de los informes presentados a los Estados partes en virtud del artículo 74 de la Convención de 2011, CMW/C/MEX/CO/2, ya que no solo es parte fundamental de una estrategia eficaz contra la trata de personas, sino también, es el punto de partida en la planeación y ejecución de una atención apegada a derechos humanos con perspectiva de género, tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres de todas las edades; y para niñas, niños y adolescentes considerando en todas las acciones y decisiones, el interés superior de la infancia.

Respecto a las víctimas de trata de personas mexicanas en el exterior, a solicitud expresa de esta Comisión Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que para el periodo de 2012 a 5 de julio de 2017, se atendieron mediante la Red Consular de México a 1,825 víctimas en Estados Unidos (726 mujeres y niñas, 1,099 hombres y niños) y a 49 víctimas en el resto del mundo (13 mujeres y niñas, 36 hombres y niños), pero no se reportó el tipo de atención otorgada, por lo que no es posible establecer si se observan los derechos a las que son sujetas.

Tanto para las víctimas identificadas en México, como para aquellas víctimas mexicanas en el exterior, no se tiene registro sobre la asistencia, atención y protección que se les brinda. Ante esto, este Organismo Nacional Autónomo solicitó información a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial (a cargo de la Secretaría de Gobernación) que informó que se cuenta con 9 refugios a nivel nacional. Aunque no se especifica en la información otorgada, se tiene conocimiento que la mayoría de estos refugios dan atención a mujeres víctimas de trata de personas y a sus hijas e hijos, estos últimos hasta determinada edad, y únicamente uno de ellos brinda también atención a hombres adolescentes de entre 12 a 18 años; por lo que no se cuenta con la infraestructura para brindar alojamiento y protección a hombres adultos víctimas de este delito.

A pesar de que el delito de trata de personas está presente en todo el país, hay focos rojos donde la problemática reviste particular gravedad. En cada entidad federativa varía la prevalencia de los diversos factores que propician la incidencia del delito. Así, en ciertas entidades, los factores predominantes refieren a la vulnerabilidad de las víctimas en sus lugares de origen, o a la presencia de usos y costumbres que propician la captación; pero en otras, resulta determinante la presencia de la delincuencia organizada, tanto en la fase de captación como de traslado y explotación. Asimismo, el grado de demanda de servicios derivados de la explotación de las personas constituye un factor decisivo, principalmente en destinos donde se practica la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sector/contexto de los viajes y el turismo, tales como lugares de playa y ciudades fronterizas.
 
Si bien cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, las estadísticas señalan que siguen siendo potencialmente más propensas a serlo aquellas que no han tenido acceso a las oportunidades en contextos de igualdad. Las víctimas de trata de personas con frecuencia son víctimas de una discriminación múltiple, por ejemplo, por ser mujeres-niñas-indígenas o niños-migrantes no acompañados o adolescentes hombres-en contextos de violencia-en situación de pobreza, entre otros. 

De ahí que el Programa contra la Trata de Personas ha focalizado su estrategia de trabajo en llegar a las poblaciones que requieren mayor información para prevenir la trata de personas y para garantizar que las autoridades correspondientes cumplan con las obligaciones que el marco jurídico nacional e internacional les señala para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de este delito. 

El programa de trabajo tiene un componente preventivo muy importante, entendiendo como prevención, por una parte, la reducción de riesgos, mediante el desarrollo y difusión de información sobre el delito a la población, y por otra, la visibilización, rechazo, denuncia y persecución de las acciones que permiten o constituyen la trata de personas, por medio de acciones dirigidas a las personas que consumen o tienen un disfrute de la explotación, así como a tratantes y explotadores. 

Para la reducción de riesgos se realizan acciones como las campañas dirigidas a poblaciones específicas, tales como la Campaña de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas, que se continua difundiendo mediante materiales traducidos en lenguas indígenas, así como la Radionovela “Tu mentira”; talleres y sesiones vivenciales con adolescentes en escuelas para crear promotores para prevenir la trata de personas en las comunidades, donde se combate de manera transversal la violencia de género y la discriminación y se promueven los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como capacitaciones al funcionariado público para hacerlo responsable de la detección de posibles víctimas. 

Para la visibilización, rechazo, denuncia y persecución de las acciones que permiten o constituyen la trata de personas, se han instrumentado acciones como la colocación de materiales en baños de las autopistas con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, derivados de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas de CNDH. 

 

El Programa contra la Trata de Personas elaboró en 2013 un Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas que ha sido un referente a nivel nacional. En 2017 se consideró relevante recabar información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones que las dependencias federales tienen en torno a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; asimismo, verificar en materia de impartición y procuración de justicia sus avances en materia de sistematización de información, así como el nivel de profesionalización de las y los servidores públicos. Lo anterior con la finalidad de contribuir en un futuro a la visualización de los aspectos que deben ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo y verificar las limitantes que se puedan estar presentando.
 
Para tales fines se realizó una revisión de la referida Ley General en torno a las obligaciones señaladas de manera particular a cada dependencia federal, pero además, aquellas generales que no han sido identificadas por las instituciones como las de proteger la identidad de la víctima o brindar capacitación a las y los servidores públicos. Con la revisión elaborada se realizaron las solicitudes de información, a las dependencias federales mencionadas, utilizando para tales fines formatos una metodología que permita, a partir de 2018, dar seguimiento y verificar los avances a través de la emisión de informes por parte de este Organismo Nacional.

 

 

La CNDH reitera la importancia de la detección e identificación de víctimas y la de personas y poblaciones en riesgo de serlo para evitar que lleguen a ser explotadas, ya que de no realizarlo oportunamente constituiría una violación a derechos humanos. En su mayoría, las y los servidores públicos siguen sin saber detectar e identificar adecuadamente a las víctimas de trata de personas. Los prejuicios y estereotipos siguen teniendo un importante papel en la manera en la que se investiga el delito y se imparte justicia. Por todo lo anterior se ha fortalecido en todo el país el Programa de Capacitación en materia de Trata de Personas de CNDH que cuenta con objetivos específicos dirigidos al tipo de servidor público al que se imparte con la finalidad de lograr un impacto en su trabajo y sus responsabilidades en este tema.
 
De igual manera, una de las líneas de acción del Programa contra la Trata de Personas, es brindar capacitación con la finalidad de prevenir que las personas sean víctimas o para que quienes se desempeñan en el servicio público cuenten con herramientas técnicas y jurídicas para detectar e identificar posibles casos, pero también para atender, asistir y proteger a quienes se encuentran en esta situación. De ahí que en las capacitaciones que se realizaron en 2017 se priorizara, bajo una perspectiva de género, el enfoque de los Derechos Humanos, particularmente la doctrina de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, poniendo especial énfasis en visibilizar y garantizar los derechos de los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y por lo tanto en riesgo, como lo son las personas que provienen de comunidades indígenas, aquellas que están en contextos de movilidad, que pertenecen a la comunidad LGTBI, etcétera.

Para lograr el objetivo planteado se estructuraron los contenidos temáticos de tal manera que fueran adecuados al público que se dirigió, utilizando herramientas técnicas pedagógicas, recursos y medios electrónicos -donde fuera posible- para enriquecer la información que se proporcionó y lograr el objetivo deseado. Igualmente, se buscó que los talleres, cursos, conferencias y foros fueran impartidos por los especialistas que integran el programa contra la trata de personas, con la finalidad de que su experiencia fuera compartida con quienes asistieran a dicha capacitación.
 
Para cumplir con los objetivos de este Organismo Nacional, así como los planteados en el Programa Anual de Trabajo 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:
 
A finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil por violación al derecho a no ser sometido a esclavitud ni trata de personas; sentencia emblemática por ser la primera que se dicta en esta materia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo anterior, el Senado de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conscientes de la importancia de que gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos contaran con información que les permitiera actualizarse en esta materia, realizaron la conferencia: “La responsabilidad del Estado en la Persecución del Delito de Trata de Personas, Esclavitud y Prácticas Análogas a la Esclavitud”, que fue impartida por el Juez Patricio Pazmiño Freiré, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
El auge de las redes sociales y la forma en que actualmente las personas se comunican, desafortunadamente también se han utilizado para cometer delitos, y la trata y la explotación de personas no son la excepción, por lo que en el marco de la Campaña Nacional de la Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas” se realizaron diversas acciones preventivas para informar, principalmente a niñas, niños y adolescentes, a madres y padres de familia, profesorado, etcétera, los riesgos de estos medios de interacción social y que son utilizados por tratantes y/o explotadores para enamorar a sus víctimas, o convencerles de dejar sus lugares de origen, para que, a través de engaños, enamoramientos, falsas promesas de trabajo por ejemplo y entregarlos a explotadores. 

Por lo anterior se realizaron diversos foros, charlas, pláticas y/o conferencias en Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, por mencionar algunas entidades federativas, contando con el apoyo del sector educativo e instituciones públicas. Particularmente en Baja California, en ciudades como Tijuana, Mexicali, Rosarito, se colaboró con organizaciones sociales y gobierno para participar en los Congresos: “Metamorfosis” acudiendo a las preparatorias, colegios de bachilleres, etc., y participar mediante módulos informativos, así como conferencias, talleres, difundiendo materiales y mensajes de prevención de la trata de personas en este sector en riesgo. 

 
De igual manera con la finalidad de brindar herramientas adecuadas para la detección y atención de casos de trata de personas, particularmente en sectores que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad se logró capacitar e impactar con acciones de sensibilización y capacitaciones a las y los servidores públicos del sistema DIF nacional y estatales del país, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus delegaciones estatales, la Policía Federal y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de video conferencias, cursos, talleres, etc.
 
El año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió las Recomendaciones 28/2016 y 70/2016, en las que se visibilizaron situaciones de explotación laboral como modalidad de trata de personas en agravio de personas en condiciones de vulnerabilidad. Por lo anterior y toda vez que estas recomendaciones son de carácter público e igualmente buscan la generación de políticas públicas efectivas en el marco del respeto a los derechos humanos para la prevención y atención de los casos de las víctimas de este delito, se realizaron diversas acciones de capacitación dirigidas a difundir dichas resoluciones. Particularmente en el estado de San Luis Potosí se realizaron talleres, conferencias y cursos dirigidas a personas servidoras públicas de las Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y Estatal; Sistema Estatal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Hoteleros, Sistema DIF Estatal, por mencionar algunos.
 
Una de las acciones que realiza el tratante es el traslado de víctimas para entregarlas a los explotadores para lo cual utilizan diversos medios de transporte, esto con la finalidad de apartarlas de su círculo de seguridad y confianza como lo son sus comunidades, sus familias, amigos, etcétera y de esa manera lograr manipularlas o coaccionarlas. Por lo anterior, continuando con la alianza con Aeroméxico, se capacitó a 63 pilotos, sobrecargos y personal administrativos, con la finalidad de que cuenten con herramientas técnicas básicas para detectar posibles casos de trata de personas y saber cómo actuar ante esta situación.
 
De igual manera, se realizaron capacitaciones a personal administrativo, personal encargado de la línea telefónica de apoyo al público y operativo de Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo Federal, mismos que realizan auxilio vial en las diversas carreteras del país, con un total de 39 personas impactadas. Asimismo, se brindaron cursos al personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Ciudad Juárez y Chihuahua, con un total de 54 capacitados.
 
Para la CNDH resulta fundamental que las autoridades se encuentren debidamente coordinadas para prevenir y sancionar la trata de personas, pero también para asistir, atender y proteger a las víctimas, tal y como se establece en las normas internacionales, nacionales y estatales vinculadas en el tema, por lo que a mediados de 2017, se lanzó una convocatoria, mediante el envío de solicitudes de capacitación, dirigidas a las Comisiones Intersecretariales de las entidades federativas para ofrecerles formación en este tema, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y de esta manera apoyar en la creación de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas así como la detección, identificación, asistencia, atención y protección de las víctimas de este delito. Dentro de las entidades federativas que aceptaron dicha invitación fueron Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, por mencionar algunas.
 
Para apoyar y reforzar el trabajo que realizan los Comités Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración, se brindó capacitación a las sedes en Morelia, Michoacán, Acapulco, Guerrero, Mazatlán, Sinaloa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, entre otras.
 
En colaboración con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República se realizaron cursos de Capacitación denominados: “la trata de personas con fines de explotación en los trabajos y/o servicios forzosos” a servidoras y servidores públicos federales y que participan en representación de México para la detección, atención y persecución del delito en esta modalidad con países de Centro América y de esta manera combatir esta modalidad de trata de personas en la región.
 
Por otra parte, con la finalidad de conocer la forma en que se realizan acciones desde la visión internacional y nacional en materia de migración, trata de personas y Derechos Humanos, este Organismo Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas”, unieron esfuerzos para realizar el Seminario Internacional “La trata de personas en contextos de movilidad humana”, que contó con participaciones de personas expertas, tanto nacionales como internacionales, en cada una de las temáticas que se expusieron, particularmente con las participaciones de Siobhán Mullally [Irlanda] Presidenta del Grupo del Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), y Marika McAdam [Australia], Especialista en Derechos Humanos, Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, quien ha colaborado como consultora de la Organización de las Naciones Unidas en estos temas.

Asimismo, se realizó con el Senado de la República el Conversatorio: “La Trata de Personas desde una visión Internacional” donde se enfatizó en la necesidad de retomar mecanismos de monitoreo como los del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos como ejemplos para evaluar las acciones que en la región se realizan, toda vez que existe una ausencia de estos en América Latina.
 
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se realiza el 30 de julio de cada año, el Programa contra la Trata de Personas realizó diversas acciones con la finalidad de continuar visibilizando en la sociedad las formas de captación o enganche y sus consecuencias, así como las responsabilidades de las y los servidores públicos en el tema. Por lo anterior, se elaboró un CD conmemorativo que fue enviado a los Organismos Estatales Autónomos de Protección de los Derechos Humanos, a los organizaciones de la sociedad civil, así como a los Comités Interinstitucionales contra la trata de personas; dicho CD contenía documentos electrónicos tales como: principios y directrices sobre derechos humanos y trata de personas; Recomendaciones Internacionales de relatorías en el tema de trata de personas; Guía para presentar una queja ante la CNDH; Manual de la Campaña de Prevención de la Trata de Personas de la CNDH.
 
De igual manera se realizó la difusión de materiales de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas”, que fue enviado a diversas entidades federativas, (Durango, Tlaxcala, Baja California, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, etc.).
 
Asimismo, se colaboró con las actividades que realizará la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas en el Marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, sumándonos a las actividades que realizaron, en donde se nos proporcionó un módulo para difundir materiales informativos para la Feria que realizaron en la Alameda Central de la Ciudad de México.
 
En total, durante el 2017 se realizaron 149 acciones de capacitación en toda la República Mexicana con las cuales se impactaron a 11,263 personas. Aunado a ello se asistió a 117 reuniones con objeto de coordinar acciones vinculadas a las víctimas o a la prevención y atención de este delito. En total, derivado de las acciones de prevención se impactó en 23,743 personas.

 

Durante 2017 la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños, ni promesas falsas” se vio fortalecida a través de diversas instancias comprometidas en esta labor, entre ellas, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, Delegación Benito Juárez, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Indígenas, FONART, Instituto Colimense de las Mujeres, Organismos Estatales Autónomos de Protección de los Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil, entre otros.
 
Igualmente se presentó la Campaña de Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Rurales e Indígenas, en Mérida, Yucatán, con objeto de proporcionar información sobre la trata de personas, riesgos y consecuencias, así como formas de prevenir el enganche en diversas lenguas indígenas, a través de materiales y actividades encaminadas a reducir el número de personas víctimas del mismo.

Asimismo, se difundió la radionovela “Tu mentira”, buscando transmitir un mensaje que pudiera ser lo suficientemente atractivo para mantener la atención de radioescuchas y llegar así a la población que se encuentra más apartada o que por la complejidad de diversos factores, las campañas preventivas no pueden acceder. Es de recordarse que en la radionovela observamos los factores que ponen en riesgo a las jóvenes como la violencia familiar, las presiones por cuestiones de género, la pobreza, la desigualdad. Sin embargo, el contenido pedagógico de esta herramienta, nos hace reflexionar también de que siempre hay alguien que puede detectar un caso de trata de personas y ayudar a que una persona en riesgo pueda ser rescatada a tiempo, y la importancia de que las comunidades protejan a sus propios habitantes, en especial a las personas que son más vulnerables. Esta radionovela se difundió en los estados de Tabasco, Sinaloa, Jalisco y Oaxaca.

De esta forma, con ayuda de diversas instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, se difundieron 304,924 materiales preventivos en el país, tales como: los “12 Puntos por la Seguridad de las Familias”, el tríptico “Los Derechos de las Víctimas”, compendio de documentos electrónicos en esta materia, materiales audiovisuales para la prevención y capacitación sobre este delito, así como el DVD con cápsulas y video pedagógico de 21 minutos “Detrás de lo que ves…”.

Durante el ejercicio 2017, se recibieron 35 asuntos, los cuales dieron inicio a 20 expedientes de queja, 9 de orientación directa y 6 remisiones a otros organismos públicos de derechos humanos del país, una vez que del estudio y análisis del caso se determinó su competencia.
 
La Comisión Nacional dentro de las tareas que se ha propuesto para detectar casos de trata de personas, a través de los medios de comunicación nacional, realiza un monitoreo permanente de las noticias nacionales, día a día, con el fin de generar acciones que de forma inmediata, favorezca la detección de las posibles víctimas de estos delitos en cualquier parte del territorio nacional, asimismo, dentro del trabajo sustantivo que realiza este Organismo Nacional, algunos de  estos asuntos se han derivado en la apertura de expedientes de quejas. 
 
Cabe resaltar que la atención a las víctimas del delito de trata de personas es una acción prioritaria para la CNDH, por tanto, personal de esta Comisión Nacional en diversas ocasiones ha realizado acompañamiento a las posibles víctimas o a sus familiares brindándoles asesoría jurídica y gestión institucional para atender sus necesidades más urgentes y su protección para salvaguardar su integridad, por lo que en este año se llevaron a cabo 299 atenciones específicas y personalizadas relacionadas con la protección a los derechos humanos de las posibles víctimas de trata de personas.

Derivado de la Recomendación 28/2016 del 31 de mayo 2016, conocida como “Caso Comondú”, y las reiteradas notas periodísticas en torno a las denuncias de las condiciones infrahumanas en las que se encuentran jornaleros y jornaleras agrícolas en distintas partes del país y los posibles casos de trata de personas que no se están identificando, se integró y está por publicarse en 2018 el Estudio sobre la Intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas dirigido a conocer las acciones que las dependencias encargadas de la observancia y aplicación de las disposiciones en materia laboral realizaron de 2012 a 2015, para prevenir la trata de personas y detectar posibles víctimas en los campos agrícolas que emplean a jornaleras y jornaleros.
 
Motivó este estudio, también, que derivado de la constante relación que se tiene con servidores y servidoras públicas en todo el país a partir de la capacitación que personal de este Organismo Nacional brinda en la materia, que las y los inspectores del trabajo, en su mayoría, no consideran que tiene obligaciones relacionadas con la detección y denuncia de casos de trata de personas, y que las y los que sí las identifican, señalan que, no cuentan con el apoyo institucional para realizar esta labor; en general no se observa que las Autoridades del Trabajo conozcan sus obligaciones en materia de detección y atención a víctimas establecidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
 
Este Organismo Nacional consideró que conocer la labor que las autoridades del trabajo están realizando en materia de prevención de la trata de personas en su modalidad de trabajos o servicios forzosos contribuiría a fortalecer otros diagnósticos que en el país se estén realizando, toda vez que este ejercicio no se ha realizado con anterioridad en el país. De ahí que la información que se observa en este estudio se basa en las respuestas que nos fueron enviadas por las autoridades de trabajo a partir de un mismo cuestionario, cuyo objetivo es conocer el panorama nacional y verificar las áreas de oportunidad a través de las cuales se pueda fortalecer este ámbito de la administración pública.
 
Se trata, por un lado, de informar, y por otro, de incitar al debate sobre el modo en que las inspecciones del trabajo, la capacitación a las oficinas de empleo, las políticas públicas para erradicar el trabajo infantil, las acciones para proteger a las y los jornaleros en campos agrícolas no registradas y a las y los trabajadores, nacionales y extranjeros del trabajo no declarado, podrían utilizarse eficazmente para contribuir a los esfuerzos que a nivel internacional se están desarrollando para combatir la trata de personas y la explotación humana.
 
Por otra parte, en materia de atención a víctimas, toda vez que a la fecha no se ha realizado un diagnóstico en la materia, el Programa contra la Trata de Personas realizó solicitudes de información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como a las 18 Comisiones estatales de atención a víctimas que se encuentran instaladas en el país, así como a las dependencias federales que de acuerdo a la Ley General en la materia tiene obligaciones en torno a la atención a víctimas. De igual forma, se realizó una consulta en torno a la naturaleza jurídica de los refugios a cargo de instancias gubernamentales. Lo anterior para la integración del informe sobre la Atención a Víctimas que se publicará en el primer semestre de 2018.
 
Con la finalidad de fomentar el conocimiento en torno a la trata de personas y conscientes de que existen distintos abordajes en materia de prevención, persecución y sanción de este delito, así como experiencias en torno a la protección, atención y asistencia a las víctimas, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, logró en un hecho sin precedentes, reunir a las y los más destacados representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como a legisladoras y encargados de la procuración de justicia para que expresaran sus opiniones y propuestas en una publicación denominada: "TRATA DE PERSONAS. Un acercamiento a la realidad nacional”, la cual será distribuida tanto física como electrónicamente de manera masiva en 2018.