Justo a la mitad del camino, después de tres años de profundas transformaciones en actitudes y procedimientos, la CNDH se consolida como la Defensoría del Pueblo que desde hace tiempo reclamaban las y los mexicanos. Se acabaron los dispendios, los excesos, las acciones de escenografía y las agendas políticas que las definían. En esta nueva etapa, la única prioridad son las víctimas. Dejamos de ser la institución de ombudsperson más cara del mundo y la menos eficiente. Ejerciendo con responsabilidad los recursos públicos, con mucho menos presupuesto que años anteriores, fortaleciendo el compromiso institucional de todas y todos quienes en ella laboramos, la CNDH hoy atiende a un número sin precedente de ciudadanas y ciudadanos, en menos tiempo y emitiendo el mayor número de recomendaciones de toda su historia.
Una vez trascendido el proceso de reordenación institucional con toda una serie de reformas y adecuaciones a nuestro marco normativo interno, somos la prueba más tangible de que la austeridad no está reñida con la eficacia y que cuando hay compromiso social y conciencia del deber, con menos se puede hacer más.
Vivimos en el país momentos de cambio como hace al menos 80 años no vivíamos. Y esta Comisión Nacional no podía ser ajena a esa realidad, que es una demanda que alienta la mayoría del pueblo. Convencidos del papel que nos toca cumplir, hemos dado la batalla para hacer de la CNDH un verdadero órgano autónomo, no sólo del gobierno sino de cualquier poder, legal, extralegal o fáctico, asumiendo a plenitud nuestra misión constitucional, la que nos confieren las leyes, pero también la que esperan que desempeñemos las y los mexicanos.
En la práctica diaria, los cambios promovidos han incidido de manera definitiva en el mejor acompañamiento de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos por acciones u omisiones del Estado. La reordenación estructural y operativa que pusimos en marcha en 2020 nos ha permitido fortalecer las áreas sustantivas tanto en lo funcional como con personal más calificado para el contacto directo con las víctimas y la ejecución de nuestras funciones, lo cual era una demanda de la ciudadanía, y muy en particular de las víctimas que acuden a nosotros, pero eran también observaciones que hizo desde 2015 la Auditoría Superior de la Federación, que en 2019 advirtió también que el 50% de las recomendaciones generales emitidas no se habían basado en estudios que permitieran medir su cumplimiento e impacto en las diversas políticas públicas involucradas, evidenciando sobre todo “un riesgo en la efectividad de las recomendaciones generales en cuanto a la modificación de disposiciones administrativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos”.
Aunado a ello, en 2016 la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) alertó a la CNDH de procesos obsoletos y deficiencias en la calificación, investigación y emisión de los diferentes instrumentos recomendatorios, recomendando que tenían que modificarse para asegurar una mayor efectividad en el cumplimiento de su misión.
Gracias a las reformas, hemos replanteado los procesos de atención de quejas e integración de expedientes para hacerlos más expeditos. Renovamos la Dirección General de Quejas y Orientación y el Programa de Atención a Víctimas (PROVÍCTIMA), y el funcionamiento de todas las Visitadurías Generales, incluidos los Programas Especiales; creamos la Coordinación General de Oficinas Regionales, para que estas atiendan todos los asuntos que se les sometan y refuercen su capacidad de respuesta a la población; creamos la Dirección General de Supervisión de la Progresividad, para orientar nuestras acciones acorde al mandato que desde 2011 otorga al Estado mexicano el Artículo 1o. Constitucional y dar un seguimiento más puntual de las recomendaciones generales; y creamos también, la Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas, para unificar los procedimientos y opiniones especializadas, a fin de dotar de más certeza a los expedientes que se integran y a las recomendaciones que se emiten y, además, ofrecer servicios de atención psicológica y médica a las víctimas.
Hacer más expedito el trámite para la solución de quejas es un logro que quiero destacar, porque ha implicado intensificar nuestro actuar en dos sentidos: por un lado, es mérito de nuestro personal sustantivo, que se ha comprometido en reducir los tiempos de atención, desde la calificación y la integración de los expedientes, hasta la emisión de recomendaciones en su caso; y por otro, es resultado de un buen trabajo de comunicación con las autoridades, que nos ha permitido resolver las mayor parte de las quejas durante el trámite, o bien mediante conciliaciones, como mecanismos alternos, más expeditos, al procedimiento recomendatorio.
En 2022, se integraron 60 mil 648 escritos de queja y 9 mil 445 escritos remitidos por los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), que representaron un total de 70 mil 093 documentos, de los que 15,942 derivaron como expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos, 15,320 como aportaciones de expediente, 12,826 como expedientes de remisión, 12,972 como aportaciones a folio, 8,652 expedientes de orientación directa, 2,245 pendientes, 1,301 de orientaciones de atención inmediata y 835 expedientes de inconformidad.
Al cierre del año, se había brindado atención a 222,147 personas agraviadas, derivado de los 37,585 expedientes registrados como concluidos; de ellos, 15,369 expedientes fueron de quejas con la atención de 196,316 personas agraviadas, 8,630 de expedientes de orientación directa con la atención de 10,258 personas agraviadas, 12,746 expedientes de remisiones con la atención de 14,615 personas agraviadas, y 840 expedientes de inconformidades con la atención de 958 personas agraviadas.
Lo destacable es que en los dos últimos años hemos disminuido el número de expedientes resueltos por orientación y por “no existir materia”, y también los tiempos de resolución de las quejas y de la emisión de recomendaciones. El 56.7% de las quejas se resuelven hoy mediante conciliación o durante el trámite, mientras que por orientación y por “no existir materia” se concluye el 37.7%. Anteriormente, transcurrían años después de presentada la queja para finalmente, en muchas ocasiones, comunicarle al quejoso la no competencia de la Comisión y la necesidad de que debía acudir a otra instancia.
Es de mencionar que de 2019 a 2022 el número de quejosos se ha duplicado en comparación con 2018, y que esto es en muchos sentidos porque actualmente, en cuanto llegan las quejas, se turnan, folian y califican en el período más corto para su atención en las Visitadurías, una vez que se confirma que se trata de una violación a los derechos humanos, y en aquellos casos en los que realmente la Comisión no tiene competencia, ya no solamente se remite al quejoso hacia otra instancia, sino que se le acompaña en el proceso y, de ser el caso, se le otorga asesoría jurídica y atención psicológica, además de acompañamiento y apoyos para el seguimiento de sus gestiones ante la autoridad, para lo cual desde 2020 se creó un fondo para esos efectos.
Durante 2022, la CNDH emitió un total de 302 Recomendaciones: 264 ordinarias y 36 por Violaciones Graves, las cuales sumaron 2,623 puntos recomentatorios dirigidos a 115 autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como 2 Recomendaciones Generales, el número más alto de recomendaciones emitidas en toda la historia de este Organismo Constitucional Autónomo.
Las autoridades federales con mayor número de Recomendaciones son el IMSS, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración, en su mayoría por negligencia médica, omisión de atención, e integración irregular de expediente, entre otros. Como resultado de las recomendaciones ordinarias emitidas, se atendieron a 129,542 personas en situación de víctimas.
Las autoridades recomendadas aportaron las evidencias necesarias para concluir un total de 81 expedientes de seguimiento, con los cuales se concluyeron totalmente 51 recomendaciones y 26 se concluyeron de manera parcial, el más alto número de conclusiones en los últimos 14 años.
En 2022 fueron solicitadas a diversas autoridades 165 medidas precautorias o cautelares, dentro de las cuales 54 fueron originadas por la tramitación de expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos y las restantes 111 fueron solicitadas a fin de proteger los derechos humanos de las personas afectadas, aun sin la apertura de algún tipo de expediente.
En 2022, 8,537 expedientes lograron ser resueltos durante su tramitación con los cuales se apoyó a darle solución a su problemática a 24,625 personas agraviadas y/o quejosas. En otros 184 fue necesario llevar a cabo el proceso para la conciliación entre las partes, con la exigencia de la CNDH a 187 autoridades, en 26 ocasiones, en favor de 1,581 personas quejosas y/o agraviadas involucradas. Respecto a los casos atendidos relacionados con la pandemia por COVID-19, se llevaron a cabo 12 Conciliaciones calificadas con el hecho violatorio “Omitir proporcionar atención médica” y “Omitir suministrar medicamentos”. De igual forma, se resolvieron 284 expedientes durante el trámite, a favor de las personas agraviadas.
En el registro del 1 de enero de 2010 al cierre de presente informe se tienen 2,267 denuncias, de las cuales 919 son de índole penal y 1,348 por responsabilidad administrativa. Actualmente se da seguimiento a 1,418 denuncias, de las cuales 694 son penales y 724 son quejas administrativas. De las 1,348 denuncias por responsabilidad administrativa, 624 fueron concluidas, en las que se sancionaron a 551 personas servidoras públicas. Durante los últimos 10 años, el promedio anual de servidores públicos sancionados es de 55, ante lo cual esta Comisión Nacional ha establecido entre sus objetivos el combate a la impunidad en las violaciones a derechos humanos, para atender de manera efectiva la reparación integral del daño de las víctimas.
En lo que respecta a la reparación integral del daño, se ha detectado que el principal obstáculo es la falta de presupuesto de las autoridades recomendadas para generar acciones de reparación del daño, y esto se refleja en el estado que guardan las recomendaciones en trámite, estando pendiente su conclusión por la falta del pago en su mayoría.
En concordancia con la línea que guía a esta CNDH de dar preeminencia a las víctimas, en 2020 se creó un fondo especial, el cual permitió que durante el 2022 se brindaran medidas de auxilio y apoyo de gastos a víctimas que, por su condición de extrema necesidad urgente y vulnerable o bien para dar seguimiento a sus casos, requirieron de este servicio. Cabe señalar que este apoyo de gastos tiene carácter excepcional y no permanente, y consiste en pasajes, traslados (preferentemente a través de vehículos oficiales de la CNDH), hospedaje y alimentación, insumos de higiene personal y medicamentos (productos farmacéuticos) que son utilizados en un botiquín de primeros auxilios. Este fondo ascendió en el año del que se da cuenta a $517,881.00 pesos, de conformidad con el presupuesto aprobado y la disponibilidad presupuestal.
Como parte de sus funciones, esta Comisión realiza, de manera permanente, el análisis de las normas que expiden tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales, a fin de identificar las disposiciones normativas que pueden vulnerar derechos humanos y, en los casos que así se ha valorado, hemos presentado las acciones de inconstitucionalidad correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por lo que puedo afirmar, que durante mi gestión se han emitido las acciones que ha sido preciso presentar, con seriedad, rigor jurídico, empatía con el pueblo y mucha responsabilidad, a fin de contribuir a la plena observancia y cumplimiento de los derechos humanos.
Tan solo en el transcurso de 2022 se identificó la publicación de 3,491 emisiones, adiciones y/o modificaciones de ordenamientos legales a nivel federal y local que derivaron en 79 demandas de acción de inconstitucionalidad. Cabe señalar que de 2007 (fecha en que se instituyó la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad) a 2019, se promovieron un total de 273. En el acumulado de los últimos tres años, 2020 con 113, 2021 con 115 y 2022 con 79, se ha superado el histórico de esos 12 años.
Respecto al fenómeno migratorio, al que le hemos dedicado atención especial, en 2022 se han realizado 286 visitas a estaciones migratorias en las que se atendieron a 20,654 personas extranjeras y se efectuaron 9,027 gestiones en favor de las personas alojadas en ellas. Se realizaron 49 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente de la migratoria, como son hospitales, procuradurías locales, centros de atención a menores fronterizos, etc., y 101 visitas a casas o albergues para personas en la migración, y en ellas se atendieron a 1,254 personas. La cobertura se complementó con 24 visitas a lugares de tránsito de personas en contexto de migración, como plazas públicas o vías ferroviarias, atendiendo a un total de 812 personas. Adicionalmente, se brindaron 330 atenciones de carácter específico y personalizado a 913 personas. Derivado de lo anterior, se efectuaron 150 gestiones y resultaron 243 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, además de que se han emitido 62 solicitudes de medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de personas migrantes, y se han emitido 45 recomendaciones y una por violaciones graves, dirigidas a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre otras, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Con la adopción del nuevo enfoque de protección a las víctimas, se ha promovido la renovación de todos los Programas Especiales, que hasta el año pasado únicamente atendían asesorías y desarrollaban actividades de promoción. Gracias a las reformas, hoy los programas atienden quejas e integran expedientes, y coadyuvan, de manera transversal, con todas las áreas sustantivas de esta Comisión Nacional.
PROVÍCTIMA, que ahora se denomina Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos para enfatizar el acompañamiento victimológico, aperturó en el año que se da cuenta, 2,679 expedientes, de los cuales se concluyeron todos, implicando la atención de 2,946 personas. Asimismo, se proporcionaron 6,184 servicios victimológicos, de los que 2,315 fueron orientaciones jurídicas, 214 atenciones psicológicas, 2,685 requerimientos de información, 560 acompañamientos y 410 canalizaciones a instituciones públicas.
Otro programa que tuvo importantes modificaciones fue el Programa de Personas Desaparecidas (PERDES), que dejó de atender quejas de desaparecidos por violencia del Estado, cuyos expedientes pasaron a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, de manera que la atención del Programa está enfocada ahora en los casos actuales de personas desaparecidas y no localizadas. Fue así que en 2022 se proporcionó atención a 1,005 víctimas o familiares de víctimas de desaparición de diversas entidades federativas y del extranjero, y se asignaron 775 folios relacionados con esos casos. Además, dentro de las actividades realizadas para dar seguimiento a los expedientes de queja iniciados, y para colaborar con las comisiones de búsqueda y con los órganos de procuración de justicia, se llevaron a cabo 1,330 diligencias en todo el país.
Sobre los asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes, la CNDH registró en 2022 109 expedientes. Se atendieron 355 solicitudes en diversas materias: violencia sexual; violencia escolar; violencia institucional; violencia familiar; violencia psicológica, física y/o económica; discriminación; explotación laboral de niñas, niños y adolescentes; sustracción y/o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes; guarda y custodia; pensión alimenticia; derechos de la niñez y la adolescencia; visitas y convivencia, patria potestad; sumando 1,145 acciones y/o diligencias que permitieron contribuir a la protección y garantía de los derechos humanos de 653 niñas, niños y adolescentes.
Para contribuir a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes, mayores y familias, se realizaron 1,275 acciones y/o diligencias que permitieron orientar y canalizar las peticiones de las personas jóvenes y mayores de 60 años, beneficiando a un total de 687 personas.
El Programa de Sexualidad, Salud y VIH vivió una transformación fundamental, con miras a fortalecer sus alcances y resultados. Derivado de ello, además de las asesorías y acompañamientos, se registraron un total de 89 quejas relacionadas con el VIH y el Sida en las que el principal hecho violatorio fue omitir suministrar medicamentos, destacando que la autoridad responsable más señalada fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 45 quejas, por lo que se intensificaron los contactos con la autoridad. Fue así que el 71% de esas quejas se resolvieron durante el trámite y el 11% por orientación; el 18% restante seguía en trámite al corte del presente informe.
Se registraron, por otro lado, 23 quejas relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTIQ+, y llevamos a cabo 165 vinculaciones en diversas entidades federativas del país, de las cuales 93 se concretaron en colaboración con organizaciones de la sociedad, grupos de personas que viven con VIH y poblaciones LGBTTTIQ+, y 72 más con distintas instituciones públicas, tanto para colaborar en la realización de actividades de promoción, como para coordinar acciones de prevención o de protección y defensa de los derechos humanos. Además de eso, se emitieron seis Recomendaciones que implican a este sector de la población, y en el mes de junio llevamos a cabo la presentación del Atlas de las Personas LGBTTTI, como una herramienta de acceso público que abona al impulso de acciones de protección y defensa de los derechos de las personas LGBTTTIQ+, y que contribuye a la observancia del marco jurídico nacional vigente, respecto a las obligaciones que tiene el Estado mexicano.
Otro asunto al que hemos dedicado particular atención son los ataques y homicidios en contra de personas periodistas y defensoras de los derechos humanos. Derivado de esto, a lo largo del año en 83 ocasiones se solicitaron medidas cautelares, a fin de garantizar su seguridad e integridad física y se integraron 553 expedientes emanados de denuncias, 121 de las cuales corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas y 313 en agravio a defensores civiles de Derechos Humanos por parte de diversas autoridades.
La Recomendación General 43/2020 de la CNDH sobre “Violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias”, ha sido fundamental para el trabajo de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Derivado de ello, a través del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), la CNDH se integró a las visitas a los 50 municipios de mayor vulnerabilidad del país y con alto índice de violencia para la instalación del sistema que da seguimiento a la implementación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM), esto en acompañamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
El área de Quejas del PAMIMH atendió a lo largo del año un total de 329 expedientes de queja, de los cuales se concluyeron 182, 9 de ellos mediante recomendaciones, manteniéndose en trámite 147 expedientes.
Además de eso, se llevó a cabo la elaboración del Primer reporte de fortalecimiento de los indicadores del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos 2022, y se concluyó con la elaboración de más de 280 indicadores distribuidos en los seis ámbitos que señala la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (económico, político, social, cultural, civil y salud).
Desde el Programa contra la Trata de Personas se atendieron 179 expedientes de queja, de los cuales se concluyeron 131 expedientes, 72 de ellos durante el trámite respectivo y 14 por Recomendación, 22 por no tratarse de violaciones a Derechos Humanos -en cuyo caso se orientó a la persona quejosa-, 13 por no existir materia para seguir conociendo del asunto, 3 por conciliación, 6 por acumulación y uno por desistimiento de la persona quejosa. Las autoridades señaladas como responsables en dichos expedientes son principalmente IMSS, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, y el Instituto Nacional de Migración.
En relación con las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, se tienen 160 expedientes en trámite: 43 de queja, 94 de remisión y 23 de orientación directa, y se han concluido 185 expedientes correspondientes a diferentes entidades de la República. Asimismo, las autoridades con mayor número de quejas son la Secretaría de Bienestar; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo; la Guardia Nacional; y la Procuraduría Agraria de la SEDATU. Se emitieron 2 Recomendaciones y 3 medidas cautelares dirigidas a diversas autoridades del orden federal y estatal.
En la atención de las personas privadas de su libertad, en 2022 registramos un total de 2,735 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en centros federales de readaptación social. De ello, derivaron 2,122 expedientes, de los cuales 1,959 se resolvieron durante el trámite, 92 mediante conciliación, 47 por acumulación, 14 mediante recomendaciones particulares, 4 por recomendaciones por violaciones graves, 2 por no existir materia y uno por desistimiento de la persona quejosa.
Hasta el cierre de este informe, la Estadística Penitenciaria Nacional registró 7,671 personas indígenas y afrodescendientes en reclusión. Ante ello, realizamos 15 visitas a centros de reinserción social en igual número de entidades federativas del país, donde realizamos 1,111 entrevistas a personas indígenas y/o afrodescendientes privadas de la libertad con el objetivo de proteger, defender y garantizar sus Derechos Humanos. En cada uno de estos casos se ha tenido contacto directo con las víctimas, considerando la especificidad de su calidad como persona indígena ya que, en numerosos casos, los peticionarios y agraviados habitan en zonas de difícil acceso o carentes de medios de comunicación.
Durante 2022, la CNDH en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales conoció 2,094 expedientes de queja, de los cuales 1,906 están concluidos y 817 en trámite. Emitimos 49 Recomendaciones ordinarias a 41 autoridades diferentes con la finalidad de restituir violaciones a Derechos Humanos.
Con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en abril de 2021 se dio trámite a una nueva queja presentada por los padres y madres de los desaparecidos respecto a los hechos ocurridos en Iguala en 2014, continuándose a la fecha con la integración del expediente respectivo y documentando los nuevos hechos y elementos del caso. Asimismo, se hizo la publicación del “Informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días”, el cual incorporó nuevos elementos, no atendidos en la investigación llevada a cabo entre 2014 y 2018 por esta Comisión Nacional, y también se atendieron las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (GIEI). El compromiso con los familiares de los normalistas es trabajar de la mano en apoyo de sus demandas, por lo que mantenemos nuestra voluntad de acompañarlos en su búsqueda de la verdad y de justicia.
La promoción de los derechos humanos, entre ellos los derechos de las personas con discapacidad, es de vital importancia, ya que son los mínimos indispensables para la construcción de una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho. Por ello, reformamos nuestro Reglamento Interno a fin de clarificar el funcionamiento del Mecanismo y concretamos su integración con las 32 comisiones estatales. Además de eso, realizamos 199 actividades de promoción (conferencias, conversatorios, pláticas, mesas redondas, cursos, talleres, diplomados, etc.), impactando a 35,956 personas; 208 reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Se atendieron 166 orientaciones y 155 asesorías jurídicas que fueron canalizadas a las instituciones pertinentes, y 80 gestiones que implicaron la realización de 97 diligencias, encauzadas a conciliar o mediar entre las partes, o bien, a obtener información para atender cada petición. Se emitieron 12 Acciones de Inconstitucionalidad en la materia.
El año de que se informa, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la CNDH realizó 9 informes de supervisión a Centros Especializados para el Tratamiento de Adicciones, separos de seguridad pública municipales y centros de reinserción social; 2 informes de seguimiento y 4 informes especiales que abordan una problemática específica que enfrentan los centros de detención y centros e instituciones privadas de detención e interés público. Se realizaron, asimismo, un total de 256 visitas a lugares de privación de la libertad, 80 de ellas de supervisión, 150 de seguimiento a informes y 26 visitas. Se presentaron 201 quejas y 201 denuncias, y se emitieron 30 medidas precautorias con el objetivo de garantizar la protección oportuna o restitución de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Las acciones de promoción, capacitación y formación de la Derechos Humanos, son parte fundamental de la misión asignada a la CNDH. En 2022 sumaron 3,592 actividades con un total de 765,517 participantes. Se impartieron capacitaciones en las 32 entidades federativas con el sector educativo, grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones sociales y servidores públicos.
Desde el portal EDUCA CNDH, se emitieron un total de 383,158 constancias de 3,072 actividades registradas a través de diversas plataformas de forma presencial y asíncrona.
En materia de archivos, se realizaron 56,914 digitalizaciones de aportaciones, 5,692 préstamos de expedientes, 69,191 integraciones de aportaciones a expedientes concluidos y 10,198 digitalizaciones de expedientes. Asimismo, se impartieron cursos presenciales y un curso a distancia con una participación de 193 personas, a efecto de capacitar en el manejo de archivos y en la observancia de la legislación en la materia.
En la CNDH hemos actuado con firmeza y claridad del compromiso que mantenemos, el único, que es con las víctimas y con el pueblo de México. No hemos eludido las definiciones y el debate de frente a la opinión pública, y con total transparencia hemos dado muestras de rendir cuentas de cada una de nuestras decisiones, compartiendo las razones que nos han llevado a tomar cada una de ellas, y respondiendo a todos los cuestionamientos y a las mentiras con que se ha pretendido descalificar nuestro trabajo y poner en duda la legitimidad y la autonomía de este organismo.
Entendemos que la dinámica política de México hoy es intensa, sobre todo en el marco de transformaciones que vivimos y del que somos parte; pero atentar contra las instituciones, vulnerándolas con calumnias y desprestigio, o peor, pretendiendo excluirlas o desaparecerlas, tiene graves riesgos. Respetuosos como somos de la libertad de expresión, hemos dicho, y lo reitero, que con lo que no comulgamos es con la descalificación infundada y la desinformación. Y que las enfrentaremos y las combatiremos con la verdad y con transparencia, porque esa es la exigencia de las y los mexicanos.
Como lo hicimos en su momento, reiteramos nuestra posición frente a la política de seguridad pública porque creemos en la estrategia de pacificación y no en la guerra, y estamos listos para vigilar el respeto a los derechos humanos por las y los integrantes de las fuerzas armadas, así como que la Guardia Nacional no pierda su carácter de instancia civil; asimismo, sobre normas en apariencia neutrales pero restrictivas aprobadas por el Congreso del estado de Yucatán manifestamos que siempre actuaremos con base en el interés superior del menor, como se lo manifestamos al entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la premisa de que los derechos humanos son para todas y todos; y proclamamos una vez más nuestro compromiso con el fortalecimiento de nuestra democracia, porque nos hacemos eco del clamor ciudadano por tener elecciones libres y un INE al servicio del pueblo, realmente autonomo e independiente frente a cualquier grupo de poder, partidista, económico o social. No nos equivocamos al recomendarlo, y mucho menos violamos la ley.
Asuntos que, en su momento, escalaron a nivel internacional, por lo que el 4 de noviembre de 2022, recibimos de parte de la Presidenta de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano – RINDHCA (Región América Central), un comunicado en el que respalda el trabajo de la CNDH y exhorta al Poder Legislativo en México a respetar el trabajo y funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a cesar los ataques en contra de ella.
Un llamado oportuno ya que, como órgano autónomo, consideramos que este tipo de controversias llevadas a la opinión pública, además de afectar la credibilidad de las instituciones, muestran su efecto de percepción en la debilidad del Estado de derecho y la falta de un acceso real a la justicia. Se genera un sentimiento de inconformidad y descontento social, contra las autoridades e instituciones y debilitan finalmente el ejercicio mismo de los derechos humanos.
A pesar de eso, y más, hemos logrado transformar a esta institución, y ponerla al servicio del pueblo. En congruencia con los compromisos que asumí desde el primer día al frente de la CNDH, quiero destacar los ajustes y ahorros que hemos logrado, que en gran medida nos han permitido mejorar nuestros resultados y atender viejos reclamos, algunos de los cuales hacían, hace años, los mismos que hoy nos defenestran.
De entrada, el gasto de operación se ha ido reduciendo paulatinamente hasta llegar en 2022 al 20%. Con satisfacción puedo decir que hoy, el burocratismo y la corrupción han desaparecido en la CNDH; no existe duplicidad en las funciones; se han fortalecido las áreas sustantivas, las que atienden quejas, integran expedientes y emiten y dan seguimiento a las recomendaciones, y que los recursos que se ejercen están empleados ahí en donde son vitales para la atención a las víctimas.
Este Informe, en su contenido, resulta ser un fiel retrato de los resultados de las políticas públicas implementadas hasta hoy, de la calidad de nuestra legislación y de la sensibilidad institucional para proteger y garantizar el acceso a los derechos humanos desde el ejercicio de los tres poderes del Estado.
Es claro que seguridad, salud y justicia son las grandes preocupaciones de las y los mexicanos, y es ahí donde insistiremos ante cualquier autoridad y con el ejercicio pleno de nuestra autonomía, para vigilar que el Estado disponga de los recursos necesarios para dar una respuesta pertinente y debida a las demandas de la sociedad y, en particular, de los grupos con mayor condición de vulnerabilidad.
Estoy convencida de que la CNDH está en la ruta correcta para consolidarse como la Defensoría del Pueblo. Pero lo que piense o diga en ese sentido es intrascendente frente a lo que dicen las víctimas y el pueblo, ellos son el juez de esta gestión; a su calificación me someto.
Defendemos al Pueblo.
Rosario Piedra Ibarra
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
