El Sistema Penitenciario Mexicano integrado por una gama amplia y diversa de establecimientos penitenciarios se caracteriza por una gran variedad de problemáticas que se suscitan día con día al interior de los centros de reclusión, entre estas destacan la sobrepoblación; hacinamiento, condiciones de autogobierno/cogobierno, ausencia de perspectiva de género en las políticas y acciones dirigidas a la población femenil privada de la libertad; imposición excesiva de la pena de prisión; falta de personal capacitado y suficiente que favorezca la reinserción social efectiva, la seguridad y la atención de aquellos aspectos que afectan significativamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país.

De acuerdo con los datos presentados en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, emitido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen 360 centros penitenciarios en el país. Hasta septiembre de 2017, estos centros albergaban una población total de 208,343 personas, y en general reportan una capacidad instalada de 212,083 lugares, no obstante, dada la distribución que existe de las personas en reclusión a nivel nacional, en el 33.88% (122) de los establecimientos existe sobrepoblación.

Del total de las personas privadas de la libertad en el país, 197,516 (94.80%) son hombres y 10,827 (5.20%) son mujeres, de este universo 170,025 (81.61%) se encuentran sujetas al fuero común y 38,318 (18.39%) al fuero federal, mientras que 79,786 (38.29%) se encuentran en proceso y 128,557 (61.70%) se encuentran cumpliendo una sentencia.

Una perspectiva de la problemática que se presenta en el Sistema Penitenciario Nacional se puede observar de las evaluaciones anuales derivadas del Diagnóstico Nacional Penitenciario, tanto en centros federales como estatales y municipales. En este sentido se ha evidenciado que existe una gran insuficiencia de actividades laborales, educativas y deportivas, así como de capacitación para el trabajo, además de que, la deficiencia en la atención de la salud de las personas en reclusión continúa siendo, en la generalidad de los centros, una problemática mayor, ocasionada tanto por la falta de personal médico como de equipo y fármacos necesarios para atención de la salud.

A lo anterior, se le suman problemáticas tales como, las malas condiciones de diferentes áreas de los establecimientos penitenciarios, la presencia cada vez mayor de grupos delincuenciales que generan autogobierno y violencia al interior de éstos.

Es importante señalar que los parámetros bajo los cuales se atienden las quejas y se efectúan las supervisiones penitenciarias, tiene como base la normatividad nacional e internacional, siendo el referente normativo internacional fundamental para el trabajo de la Comisión Nacional, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

A través del DNSP se ha identificado que las principales problemáticas que inciden de forma preponderante en el Sistema Penitenciario Nacional, y que han permanecido en índices similares durante los últimos años, se encuentra: la falta de separación entre procesados y sentenciados (77.8%), deficientes condiciones materiales y de higiene en diversas instalaciones de los centros (76.3%), el hacinamiento (43.8%), la sobrepoblación (32%), insuficiente personal médico, de seguridad y custodia (68.7%), deficiencia en la atención al derecho de protección de la salud (48.8%); así como, la presencia de condiciones de autogobierno y violencia al interior de los establecimientos penitenciarios (49.6%).

Las problemáticas existentes en los centros penitenciarios del país inciden principalmente en la vulneración de los siguientes derechos humanos de las personas privadas de la libertad son el derecho a la reinserción social, el derecho a la salud, derecho a la integridad personal, a permanecer en una estancia digna y el derecho a la seguridad jurídica.

De acuerdo con los datos de los últimos diagnósticos emitidos, los estados que por más de tres años permanecen con las evaluaciones más bajas son: Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Tamaulipas.

El Sistema Penitenciario Nacional se integra por centros tanto locales como federales y en este sentido las diversas autoridades responsables que son susceptibles de violentar los derechos humanos de las personas en reclusión, pudiendo ser el personal directivo, administrativo y técnico, así como como el de seguridad y custodia.

Como parte de los factores que persisten e impiden mejorar las condiciones y trato de las personas que se encuentran privadas de la libertad son en general la falta de conocimiento y capacitación del personal en materia penitenciaria y de derechos humanos, falta de perfiles adecuados y vocación, así como los esquemas de corrupción que se enquistan en los centros.

Ante tal circunstancia, a efecto de mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, para hacer efectiva la reinserción social, resulta indispensable que se fortalezca la protección y observancia de los derechos humanos a través de una política nacional en la que participen los poderes del Estado.

Para ello, resulta necesario que se establezcan lineamientos claros, sustentados y consecuentes con la realidad, que hagan posible el fortalecimiento de una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que impliquen el derecho a la reinserción, el derecho a la salud, derecho a la integridad personal, a permanecer en una estancia digna y el derecho a la seguridad jurídica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene dentro de sus atribuciones, señaladas en el artículo 6°, fracciones VII, IX y XII de la ley que le rige, supervisar el respeto de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario del país, así como el impulsar la observancia de los derechos humanos en el país, así como formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de derechos humanos; en con el artículo 15, fracción VIII del mismo ordenamiento, que señala la facultad del Titular de la Comisión para formular las propuestas generales, conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país.

La Comisión Nacional realiza permanentemente visitas de supervisión a los centros de reclusión del país con el propósito de proteger los derechos humanos de quienes se encuentran privados de la libertad. Es así que ante la necesidad de identificar puntualmente las condiciones que permitan garantizar el respeto a los derechos humanos de internos, este Organismo Autónomo cuenta con una metodología de supervisión, llevada a cabo mediante visitas y recorridos en centros penitenciarios previamente determinados, donde se aplican las Guías de Supervisión diseñadas específicamente con ese objetivo, para posteriormente llevar a cabo el procesamiento de la información y el análisis de resultados, que concluye con la elaboración del Diagnóstico anual que se da a conocer a las diversas autoridades competentes en la materia.
 
Es importante señalar, que para aplicar las Guías de Supervisión que conforman parte de la metodología de evaluación en materia de derechos humanos, es necesario el apoyo y coordinación con los organismos locales de protección a derechos humanos.
 
Es así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lleva a cabo anualmente la realización del Diagnóstico Nacional en materia penitenciaria, con el objetivo de que las autoridades penitenciarias pertinentes puedan orientar políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros de reclusión del país; aunado a ello, a través de diversos pronunciamientos se contribuye a la implementación de buenas prácticas y aplicación de estándares internacionales que favorezcan a la reinserción social y contribuyan a la optimización del sistema.

Con el objeto de promover la observancia de los derechos humanos, el 23 de febrero, se suscribió un Convenio de Colaboración con el Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, a fin de promover el estudio, análisis e investigación en materia de Justicia y Derechos Humanos.
 
Asimismo, ante la demanda de fortalecer el estado de derecho y la cultura de la legalidad, el 14 de septiembre se firmó la Carta de Intención con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y el 28 del mismo mes se realizó una reunión de trabajo para la presentación del Programa de Acción para Fortalecimiento de actividades en pro del derecho a la reinserción social en la que participaron representes la UNODC, y personas servidoras públicas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. En ese contexto, del 29 de septiembre al 3 de octubre se llevó una visita de trabajo a las “Islas Marías”, en donde se llevaron a cabo reuniones con servidoras y servidores públicos de ese Centro, y con representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como de la sociedad civil para la implementación del Plan de Acción para fortalecer el Sistema Penitenciario con un enfoque de Derechos Humanos, comprometiéndose a colaborar y brindar el apoyo necesario para el logro de los objetivos. En ese marco, se entregaron ejemplares de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela” a toda la población interna, lo que motivo a la instalación de un lugar para la promoción y difusión de los derechos humanos en la comunidad penitenciaria, creándose espacio de oportunidad en ese penal.

Así también, con objeto de establecer y desarrollar estrategias de apoyo y colaborar en acciones conjuntas de promoción y divulgación, entre las que se incluyen, entre otras, Conferencias, Congresos, Cursos y Talleres cuya temática esté relacionada con la reinserción social y los Derechos Humanos, el 17 de octubre, se suscribió un convenio de colaboración con la organización “Desarrollo Social y Recuperación de Valores" A.C.

Por su parte, con el propósito de desarrollar las acciones de cooperación para la difusión de las Reglas "Nelson Mandela"; así como la difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas en el ámbito penitenciario, el 2 de noviembre se suscribió una Carta de Intención con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

Además, con el establecer y desarrollar estrategias de apoyo, para llevar a cabo acciones de promoción, divulgación, análisis y estudio de los derechos humanos, el 22 de diciembre se suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

A través de la Recomendación General No. 30 Sobre Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, emitida el 8 de mayo de 2017 se formularon propuestas que incidan a la adopción de medidas concretas que permitan fortalecer el sistema penitenciario nacional.

Por su parte, el 30 de septiembre, se emitió el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana, en el cual se plantean diversas propuestas dirigidas a garantizar la debida atención a este grupo de población con pleno respeto de sus derechos humanos.

 

El 22 de mayo de 2017 se dio a conocer a las autoridades federales y estatales el resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. Éste se integró con información de las visitas realizadas por el personal de la CNDH en ese año, del análisis que llevó a cabo de la información obtenida a través de las entrevistas a las y los servidores públicos de los centros penitenciarios y de las encuestas realizadas a los internos.